España y Portugal fijaron un tope de 14.000 toneladas de sardina para este año tras la reunión celebrada el pasado martes en Bruselas entre el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, y el secretario de Estado de Pesca de Portugal, José Apolinário. La Comisión Europea (CE) aceptó la propuesta de ambos países, que también recoge un límite de 10.000 toneladas hasta julio con la idea de poder reservar las 4.000 restantes para la segunda parte del año. La cifra supone una reducción del 26% respecto a las 19.000 toneladas distribuidas el año pasado, aunque puede no ser definitiva. El acuerdo establece que si los resultados de las campañas científicas que tendrán lugar en primavera demuestran una mejoría en los stock, se abrirá la posibilidad de "revaluar el estado del stock para 2016 y revisar al alza estas cifras".

La propuesta recoge las consideraciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), que aconsejaba que la cuota no excediese los 14.000 kilos y llegó a proponer una reducción del 92%. También indica que la campaña comenzará el 1 de marzo y finalizará el 30 de noviembre.

La pesca de la sardina se rige desde finales de 2014 por un plan de gestión conjunto entre España y Portugal, con el objetivo de recuperar las poblaciones de esta especie. El Gobierno había asegurado en su día que la intención era lograr mantener una cuota similar a la de 2015, entre las 19.000 y las 14.000 toneladas.

Ambos países plantearon también las dificultades de la aplicación directa de la orden de explotación por las graves repercusiones socioeconómicas que se derivarían de una reducción de cupos tan drástica como proponía el ICES. De igual forma, reconocieron "la deficiente situación del stock" y "la necesidad de continuar poniendo en marcha medidas de gestión adecuadas".

Mientras, los científicos del Instituto de Investigación Marina de Portugal informaron de "señales alentadoras" debido a un aumento del número de los ejemplares jóvenes que permitiría una recuperación de la biomasa, algo que alimenta las esperanzas de ambos Gobiernos y del sector. Todos buscan que la especie se recobre para que la UE no imponga un Total Admisible de Capturas (TAC).

Pesca informó ayer que revisará la orden de 2014 que establece el plan de gestión para los caladeros Cantábrico Noroeste (VIIIc) y el Golfo de Cádiz (IXa), y adaptará la regla de explotación al nuevo escenario. La nueva resolución establecerá los límites mensuales de capturas para Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz, aunque no se sabe qué porcentaje corresponderá a cada país. El año pasado, España recibió el 40% del total, aunque los porcentajes exactos no llegaron a comunicarse al sector.