El dilema de los gallegos en pesqueros galos

Los tripulantes de barcos de capital español abanderados en Francia temen perder el derecho a la atención sanitaria y a prestaciones si tienen que cotizar en el país galo

12.02.2016 | 01:43
Marineros trabajan a bordo de un buque pesquero.

El director general del Instituto Social de la Marina (ISM) se reúne hoy en Madrid con representantes de los 53 pesqueros españoles de bandera francesa a los que el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) -el equivalente al ISM español- obliga a cotizar a las arcas galas desde el pasado 15 de enero. Este proceso, que se encuentra parado a la espera del desenlace de las negociaciones entre Francia y España -el último encuentro concluyó sin acuerdo-, preocupa a los 530 marineros españoles que faenan en estos buques pues entienden que puede suponer la pérdida, tanto para ellos como para sus familias, del derecho a la atención sanitaria y a prestaciones sociales como las de viudedad u orfandad.

Los propietarios españoles de estos 53 barcos los abanderaron en Francia ante la falta de cuotas en España pero, según fuentes del sector, el origen del problema está en las supuestas irregularidades cometidas por algunos armadores -"una mínima parte"- en materia de seguridad social. La principal infracción, afirman, es que contrataban a marineros y no los daban de alta, por lo que no cotizaban a la Seguridad Social (en el Régimen Especial del Mar) española, ni tampoco al ENIM francés, los dos organismos autorizados por la UE para recibir las aportaciones de las tripulaciones españolas de buques con bandera francesa.

Este "mínimo" grupo de armadores españoles, aseguran los representantes del sector consultados, optó en su momento por dar de alta como trabajadores autónomos a los tripulantes nacionales y los registró como empleados para realizar trabajos esporádicos a bordo, en calidad de electricistas o mecánicos, pero nunca como marineros de oficio. Al no ser trabajadores por cuenta ajena, perderían derechos como el coeficiente reductor, reconocido por el ISM, que permite adelantar la edad de jubilación, algo que tampoco tendrán los profesionales si pasan a cotizar en Francia.

La inspección del ENIM, explican, detectó el fraude en Bayona, población francesa en la que tienen base buena parte de estos barcos españoles. Una vez detectado el fraude, las autoridades galas pasaron a la acción y el director adjunto de la Unidad de Control Interdepartamental del País Vasco Francés, Gwénael Frontin, envió escritos a los armadores -este diario ha podido consultar uno de ellos- en los que comunicaba la apertura de un "expediente de investigación" sobre las "infracciones de trabajo ilegal (en este caso por trabajo encubierto o trabajo encubierto en banda organizada)" y exige la presentación de una serie de documentos de los últimos años para investigar si hubo "alguna infracción de trabajo ilegal". En ese caso, indica la misiva, "además del apartado penal, que puede tardar meses o años en llegar a una solución, se propondrá a la Prefectura que dicte una sentencia de cierre patronal de la empresa infractora por un periodo de tres meses, acompañada de una orden de embargo preventivo" del barco afectado de la misma duración.

Ante esta situación, el Gobierno galo exigió que la totalidad de esos 530 tripulantes coticen a la Seguridad Social francesa y les dio de plazo para hacerlo hasta el pasado 15 de enero, fecha que quedó en suspenso ante las negociaciones con España, por lo que aún no ha sido multada ninguna embarcación de capital español pero bandera gala. Las previsibles sanciones a los infractores, que van desde 45.000 euros de multa a tres años de prisión, quedarían condonadas si los marineros acceden a cotizar en Francia.

La flota afectada, sin embargo, critica que el Gobierno galo "amenace" a todos los buques afectados y no solo a los infractores, por lo que pagarían "justos por pecadores". Además, armadores y marineros temen que ellos y sus familias se queden sin una serie de derechos sociales (desde atención sanitaria a pensiones por viudedad u orfandad) de los que disfrutan en España.

Fuentes de la Seguridad Social no lograron precisar a este diario las consecuencias de que los tripulantes pasasen a cotizar en Francia y afirmaron que están a la espera de un informe de la UE que determinará dónde deben contribuir estos trabajadores y qué efectos tendrá la aplicación de la normativa francesa.

El artículo 11.4 del Reglamento comunitario 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, permite a los tripulantes cotizar en su país de origen, como hacen la mayoría de ellos, por lo que el sector cree que la legislación europea ampara la situación actual.

De momento los barcos de capital español y bandera gala faenan con normalidad puesto que el asunto está "parado" a la espera de que pueda haber un acuerdo entre los dos países. Sin embargo, algunos armadores prefirieron no salir a faenar para evitar problemas. Representantes de España y Francia se reunieron el pasado día 3 sin resultado y los armadores confían en que hoy el Gobierno les aclare qué va a pasar en el futuro.

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