Agentes de la Guardia Civil registraron ayer por segunda vez en menos de un año la sede de Vidal Armadores, en Ribeira, y las de otras empresas afines a esta conocida familia de la zona que el Gobierno relaciona con una supuesta red de pesca ilegal. La investigación, dirigida desde Madrid y coordinada por el Ucoma (Unidad Central Operativa Medio Ambiental de la Guardia Civil), se desarrolló por la mañana y durante buena parte de la tarde tanto en esta localidad como en A Coruña y Boiro. Pese a la falta de información oficial, ya que se decretó el secreto de sumario, no se descarta que se hayan producido detenciones, según explicaron fuentes próximas a la investigación.
La operación Sparrow, para investigar la relación de esta firma con la pesca ilegal de merluza negra, se realizó en marzo de 2015. Tanto el Ministerio de Agricultura como la Agencia Tributaria (Aduanas), impulsoras de Sparrow, se desmarcaron del operativo llevado a cabo ayer por la Guardia Civil, pese a la conexión entre ambos registros. No se descarta que se produzcan más registros en otras empresas de la comunidad, como ya sucedió en julio del año pasado, cuando una nueva operación, Sparrow II, desembocó en investigaciones en dos empresas "de pequeño tamaño" de Vigo y Redondela.
La alarma saltó ya por la mañana con el registro de la sede de la armadora situada en Ribeira. Dos todoterrenos del Seprona se plantaron allí, donde están domiciliadas varias de las firmas del entramado societario que atesora Antonio Vidal Suárez, conocido como Tucho el Coyo, y su hijo, Manuel Antonio Vidal Pego, que a lo largo de este año se convirtió en administrador único de hasta cuatro de las firmas: Viarsa Cartera SL, Viarsa Energía SL, Cuatro Torres Brion 2010 SL y Nieblagen SL.
La búsqueda se extendió también a la sede de Biomega Natural Nutrients SL, en Boiro, donde llegó un furgón de la Guardia Civil utilizado para realizar detenciones, y donde no se dejó entrar o salir a nadie. Los agentes llegaron, además, a otra firma en la ciudad de A Coruña y, también al domicilio de Vidal Suárez en Ribeira, según indicaron fuentes de la localidad coruñesa.
Fuentes de la investigación señalaron que la investigación sigue "abierta" y no descartaron que se produjera algún arresto, así como más registros.
Durante la operación Sparrow, los agentes entraron en la sede de Vidal Armadores y otras empresas por pescar de forma ilegal en aguas de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (Ccamlr, por sus siglas en inglés). Una de las sociedades intentó apelar sin éxito por aquel registro, y alegó que la labor de inspección se "extralimitó".
Las autoridades recabaron más de 3.000 documentos en aquella ocasión, y los registros se saldaron con una propuesta de resolución sancionadora de 48 infracciones administrativas a operadores españoles -44 de ellas de carácter muy grave- por un valor de 17,84 millones de euros.
