La juez envía a prisión con fianza de 100.000 euros a los seis detenidos por pesca ilegal

La Audiencia Nacional imputa a los miembros de Vidal Armadores delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental

10.03.2016 | 01:03
Registro de la Guardia Civil en la sede de Vidal Armadores en Ribeira, el lunes.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó ayer prisión bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de los seis detenidos el lunes en el marco de la operación Yuyus contra la pesca ilegal de merluza negra en el Antártico, que llevó a la Guardia Civil y la Interpol a registrar el entramado empresarial de Vidal Armadores, radicado en Ribeira. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia les imputa delitos contra el medio ambiente, integración en organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

Los imputados son Antonio Vidal Suárez -líder del grupo y conocido como Tucho el Coyo-; sus tres hijos (Manuel Antonio, Ángel y Belén); su yerno, Joaquín Manuel Pérez Mariño; y Francisco Rama Gago. Todos ocupan -u ocuparon- cargos directivos en las múltiples firmas del grupo. La madre, Manuela Pego, no compareció pese a estar también imputada por los mismos hechos. Los investigadores relacionan con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente Serafín.

La juez justificó su resolución por el riesgo de fuga, la "alta" probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las "trabas e intervenciones" que puedan hacer en su patrimonio ilícito. Lamela les impone otras medidas cautelares, como la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación cada 15 días en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.

La magistrada señala en el auto que este "grupo organizado" pescó merluza negra de forma ilícita desde al menos 2006 a través de un entramado empresarial con compañías en España y otras ubicadas en países como Belice, Suiza o Panamá, y poseían buques con "banderas de conveniencia" que llegaron a cambiar de nombre varias veces. Fue el caso del Kunlun, que solo entre 2004 y 2008 pasó a denominarse Thule, Eolo, Red Moon, Black Moon y InaMaka.

La instructora investiga también si el clan derivó para la compra de un pesquero parte de la compensación que obtuvo de una aseguradora tras el hundimiento de uno de sus buques, el Reefer Louyang. Una empresa domiciliada en Belice cobró la indemnización, de 6,3 millones, de los cuales 5,1 fueron para compensar la pérdida de la carga, aún siendo esta de origen "ilícito", y supuestamente capturada en la Antártida por los pesqueros Kunlun, Yongding y Songhua. La Audiencia Nacional sospecha que de ese dinero, que pasó por otras dos empresas de la red, se usaron 2,3 millones para adquirir el pesquero Txori Urdin.

Otro de los delitos de los cuatro barcos vinculados a la familia Vidal fue protagonizado por el Kunlun en marzo de 2015. Este buque llegó al puerto de Pukhet (Tailandia) bajo el nombre de Taishan, y declaró una carga de 183 toneladas de mero, que en realidad era merluza negra. Las autoridades tailandesas descubrieron la ilegalidad, por lo que el barco abandonó el puerto y se dirigió a Senegal, donde intentó, bajo el nombre de Asian Warrior, hacer pasar la mercancía por atún.

El fundador y líder del grupo, Vidal Suárez, decidía los lugares de pesca y las fechas de las campañas, según la juez. Lo hacía con el consejo de sus hijos, que ocupan diversos cargos en las diferentes empresas y son accionistas de las mismas. Rama Gago es el único detenido que no es miembro de la familia, aunque "organizaba y dirigía" el entramado, según la magistrada, que también señaló la existencia de un "último escalón" de la organización, formado por personas que ocupaban cargos de responsabilidad en los buques (capitanes, patrones, responsables de máquinas) y son de nacionalidad española.

Las capturas de merluza negra son tan lucrativas que los pescadores ilegales le llaman oro blanco, por el color de su carne. Una carga media de 1,5 toneladas puede suponer unos 83 millones de dólares (unos 76 millones de euros). Se vende a restaurantes de lujo de Estados Unidos, Japón y Australia, según informó la agencia Efe.

La investigación partió, según pudo saber este diario, de la inspección de pesca de A Coruña. Tras varios meses en los que recabó información, la institución envió a la Guardia Civil los datos para proceder a los registros del lunes. En total, los agentes de la Interpol y del Seprona llevaron a cabo cinco: En la antigua sede de Vidal Armadores en Ribeira; en la casa de uno de los detenidos, supuestamente la del líder; en la sede de Biomega Natural Nutrients SL, situada en Boiro; y en un local de A Coruña. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que la operación está "finalizada".

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