Blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, además de delitos contra el medioambiente son una pesada carga que recae sobre la familia propietaria de la empresa Vidal Armadores, con sede en Ribeira. Los seis detenidos (entre estos Antonio Vidal Suárez y sus hijos Belén, Antonio y Ángel) en relación con la operación Yuyu, desarrollada esta semana en instalaciones de la sociedad en Ribeira, Boiro y A Coruña (esta vez a cargo de la Unidad Central Operativa Medioambiental -Ucoma-) tienen prohibido abandonar España (se les ha retirado el pasaporte) y deberán presentarse cada 15 días en el juzgado más próximo a sus domicilios, para lo cual deben establecer la localización de su vivienda. Cada uno de ellos logró eludir la prisión, de momento, con el depósito de una fianza de 100.000 euros.

La pesca ilegal de merluza austral (merluza de fondo o merluza negra, términos que se utilizan para identificar esta especie que alcanza precios astronómicos en los mercados internacionales, especialmente en EEUU y Asia) y la creación de un amplio entramado de empresas superpuestas radicadas en países de conveniencia, así como las constantes denuncias y apresamientos de sus barcos en aguas de Australia y Nueva Zelanda, han llevado a la familia ribeirense Vidal Pego y a algunos de sus trabajadores a una situación que, de confirmarse por la Audiencia Nacional, puede significar la práctica liquidación de una actividad delictiva que, a pesar de ser penada en distintas ocasiones tanto en España como en Estados Unidos, nunca han abandonado desde hace al menos doce años. En este periodo de tiempo incluso han recibido ayudas económicas de la Administración pesquera para la construcción de buques, creación de nuevas empresas y la adjudicación de campañas experimentales de pesca, sin que esa actividad ilegal hubiera sido un obstáculo para su concesión.

La práctica totalidad de armadores gallegos -especialmente los de Ribeira- se sienten aliviados por los resultados de esta investigación que, al parecer, no se da por cerrada. La Audiencia Nacional tiene ahora la palabra.