Sindicatos denuncian que existen empresas gallegas que enrolan a marineros sin papeles por 300 euros

CCOO e ITF aseguran que las firmas reciben una compensación de 50 euros por su contratación

24.04.2016 | 20:58
Buques pesqueros de altura y bajura amarrados en el puerto de Burela.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) denuncian que armadores gallegos, sobre todo de buques de altura, contratan a trabajadores extranjeros sin papeles a los que pagan unos 300 euros al mes a través de firmas intermediarias radicadas en Galicia.

El responsable de Mar de CCOO, Ramiro Otero, apunta a firmas como Crew Nova, con sede en Vigo, y Fishing Work Corporation, con oficinas en Burela, Celeiro, A Coruña y Madrid, como "abanderadas" de estas contrataciones ilegales. Este sindicalista afirma que los armadores abonan entre 250 y 350 euros a estos trabajadores, mayoritariamente de nacionalidad indonesia, a través de estas firmas intermediarias. Pero los "jóvenes" solo percibirían entre 200 y 300 euros mensuales mientras las consignatarias contratantes recibirían un promedio de 50 euros por trabajador y mes.

La portavoz de la ITF en Galicia, Luz Baz, confirma la existencia de estas prácticas y exige a la Fiscalía que inicie una investigación, ya que los marineros indonesios "carecen" de permiso de trabajo y no llegan a cobrar el salario mínimo.

Precisamente, tres hermanos propietarios del 50% de cuatro empresas armadoras de Burela denunciaron recientemente la existencia de trabajadores indonesios ilegales a bordo de los buques espaderos Oleaje, Arca 1, Arca 2 y Pegusa, que supuestamente administra el otro socio y propietario del otro 50% de las cuatro firmas, Ramón Otero. Estos buques, según los denunciantes, descargan sus capturas en el puerto portugués de Peniche para evitar los controles españoles.

Este diario se puso en contacto con las firmas que CCOO cita como "facilitadoras" del personal supuestamente ilegal. El director-gerente de Crew Nova, Fernando Matilla, señala que su empresa es una agencia consignataria que se "limita" a realizar la contratación de personal español. "No es verdad que contratemos ciudadanos extranjeros para armadoras gallegas, si bien es cierto que en alguna ocasión éstas recurren a nosotros para tramitar la renovación de permisos de residencia en España de trabajadores foráneos, algo nada fácil en estos momentos dadas las restricciones impuestas por el Gobierno", indica Matilla, que niega contacto alguno con los barcos burelenses denunciados. "Solo hacemos contratación de personal", sostiene.

El director de la firma Fishing Work Corporation, José Fraga, también niega los hechos: "No sabemos ni tenemos nada que ver con ese asunto. Puedo garantizar que el tema no está aquí, en Galicia", manifiesta Fraga, quien sí reconoce que armadores gallegos han traído marineros extranjeros a Celeiro y Burela hasta los años 2010 o 2011. "Pero al limitarse los permisos de residencia a causa del paro existente en España, solo están aquí los trabajadores que consiguieron regularizar su situación. Puedo asegurar que desde hace cuatro años no se han expedido permisos de residencia", sentencia este empresario. El director de la consignataria matiza, además, que los armadores son los responsables de gestionar a sus empleados y que si hay ilegales a bordo, "no descargan" en España.

Otro de los señalados es el armador de Burela conocido como Pepe Colorado. Este diario intentó sin éxito contactar con él.

El portavoz de CCOO recuerda que esta situación no es "nueva" y él mismo promovió hace años una denuncia al respecto. El sindicalista relata que, antes de los indonesios, los armadores empleaban sobre todo a marineros de Sudamérica y países africanos, que posteriormente comenzaron a reclamar mejoras salariales que los armadores no estaban dispuestos a asumir. "La Administración, igual que hace diez años, mira para otro lado y opta por anunciar la existencia de puestos de trabajo de difícil cobertura que ocupan extranjeros cuando, en realidad, de existir salarios dignos en la pesca, el relevo generacional estaría asegurado", sentencia.

"En Burela lo sabe todo el mundo, pero nadie interviene. Creo que el Gobierno no quiere saber lo que pasa en este puerto", censura un armador de esta localidad lucense.

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