La Confraría de Pescadores de Barallobre responsabiliza a la Xunta de la posible venta de marisco de zonas C -las más contaminadas- que llevó a la Guardia Civil y Hacienda a registrar la sede del pósito el pasado miércoles y arrestar a patrón mayor, el biólogo, el secretario y el responsable de ventas de la entidad por supuestos delitos contra la salud pública, la hacienda pública y falsedad documental. Los cuatro arrestados, en libertad con cargos, negaron ayer durante una rueda de prensa haber comercializado producto contaminado y apuntaron como origen del problema a las clasificaciones del Instituto Tecnolóxico do Mar (Intecmar), que regula las autorizaciones de marisqueo, por estar "alejadas" de la realidad.
Los afectados de Barallobre afirmaron, como hizo su abogado días atrás, que la denuncia presentada puede deberse a que la cofradía supuestamente vendió producto de zona C, que requiere de un proceso de depuración en mar abierto en las bateas de reinstalación de la Xunta para ser comercializado en fresco, como producto de zona B.
"La ría está tan sucia que donde está clasificado como B puede ser en realidad zona C", manifestó el patrón del pósito, Carlos Rey, que aseguró no tener "nada" que ocultar. "Buscamos siempre hacer las cosas como hay que hacerlas y somos una cofradía que estamos cara el público", zanjó Rey, que incluso llegó a emocionarse al reconocer que las familias de los cuatro detenidos están "muy tocadas".
El biólogo y encargado del envío de las muestras microbiológicas, Joám Luis Ferreiro, detalló que la ría de Ferrol es la "más" contaminada de toda Galicia con "muchísima" diferencia y, dentro de ella, la ensenada de Caranza es la única zona totalmente cerrada de todo el Estado. Ferreiro añadió además que en A Malata existen dos zonas que están sin clasificar, las "únicas" de toda España en esa situación.
La cofradía respondió así a la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien expresó el pasado viernes que, si la entidad hizo lo que ordena su departamento, no tendrá "ningún" problema. "Parecía que la Xunta oía llover pero no se enteraba", recriminó el patrón mayor, que insiste en que los pósitos advirtieron a Mar en numerosas ocasiones del estado de la ría.
El secretario, David Pita, aseguró, en relación a la acusación de Hacienda, que el pósito no se lucró en ningún momento de actividades ilegales y apostilló que "nunca" se vendió nada en negro. "Las cuentas están perfectamente y lo podrá comprobar la Agencia Tributaria", indicó Pita.
La comparecencia contó con el apoyo del alcalde y la teniente de alcalde de Ferrol, Jorge Suárez y Beatriz Sestayo; el regidor de Fene, Juventino Trigo; los portavoces de pesca del PSOE y del BNG en el Parlamento de Galicia, José Ramón Val y Daniel Rodas; así como con concejales de los municipios de Narón y Neda.
Respuesta de Mar
El Gobierno gallego, por su parte, respondió a este diario que es "falso" que haya dos zonas sin clasificar en A Malata. "En las ensenadas de A Gándara y Caranza está prohibida la extracción de marisco debido a los elevados índices de contaminación que presentan, no aptos para el consumo humano. La Consellería do Mar controla estas dos demarcaciones al igual que el resto de las áreas de producción de Galicia", asegura.
La Xunta insiste en que controla la extracción de molusco de los bancos marisqueros con todas las "garantías" que exige la Unión Europea y cumple "estrictamente" con el seguimiento del proceso. "Son las propias cofradías las que tienen que controlar que sus socios trabajen en las zonas que tienen autorizadas. Es decir, si hay permisos para trabajar en una zona clasificada como B los pósitos tienen que vigilar que sus socios hagan la extracción en la demarcación B sin pasar al área C", señalaron fuentes de Mar.
