De arbitrariedades palmarias

05.05.2016 | 01:01
De arbitrariedades palmarias

El plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional Cantábrico Noroeste que refunde distintas órdenes y que modifica el sistema de distribución de cuotas de especies como la xarda o el jurel, entre otras, y de las que viven prácticamente durante la mayor parte de cada año las flotas de cerco y artes distintos de arrastre de fondo y cerco, está siendo utilizado como un engañabobos si se tiene en cuenta que, ya en 2015, fue declarado nulo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por ser contrario a derecho (sentencias de 17 de febrero y 8 de octubre).

Ahora, y dada la persistencia de las circunstancias que motivaron este recurso, son varias las organizaciones (entre estas Avocano, que decidirá el próximo fin de semana si se integra o no en un grupo de recurrentes entre los cuales, además de Acerga podrían estar otras organizaciones del golfo de Cádiz y el Mediterráneo) que estudian la posibilidad de plantear un nuevo contencioso administrativo para que el sistema actual de reparto deje de ser arbitrario y erróneamente aplicado en cuanto a sus efectos.

Esta arbitrariedad es la que permite, por ejemplo, que alguna provincia no agote su cuota de caballa cuando esta especie es claramente insuficiente tanto a nivel nacional como por provincias (alguna de estas, caso de las de Lugo y A Coruña, que consumen su cuota en tan solo unos días), o la aplicación a determinadas flotas consideradas con derechos "históricos" de unos porcentajes discriminatorios que para nada se corresponden con la importancia de esta flota y el número de sus tripulantes, y a pesar de haber realizado sobrepesca cuando en comunidades vecinas -Galicia, sin ir más lejos- se cumplían los acuerdos de cupos e incluso se autolimitaban las capturas y desembarcos.

El próximo domingo se cumplirá un mes de la presentación por los cerqueros de Galicia del recurso de anulación del plan antes mencionado. En los próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la comunicación del recurso y, a partir de ahí, en un plazo de unos dos meses, deberá presentarse la demanda de intervención de las partes que quieran participar en dicho recurso. Este será, indudablemente, complejo a pesar de que su objetivo es único: el aumento de las cuotas de pesca para el Reino de España y que la Administración pesquera distribuya los cupos de forma equitativa entre las comunidades autónomas dando viabilidad a lo que desde Galicia y Asturias se exige: Un reparto justo, sin las arbitrariedades palmarias hasta ahora aplicadas y de las que hay responsables muy directos. Algunos de estos se mantienen en la sombra cuando, sin embargo, su voto favorable a los repartos que ahora se rechazan es conocido y en base a su aquiescencia actúa la Secretaría General de Pesca.

Son las últimas esperanzas para unos barcos y sus armadores y tripulantes que, de no fallarse favorablemente la demanda planteada, acarreará nuevos amarres y protestas coincidiendo con las campañas electorales de España y Galicia.

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