El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el recurso del Principado de Asturias contra la distribución de cuotas de caballa (o xarda) de 2015 en el Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste y anuló la cuota provincial asignada a la flota asturiana.
Una vez que la sentencia, dictada el 20 de abril, sea firme, se abrirá la puerta a que la flota de esta comunidad reclame compensaciones económicas ante el Gobierno central por "responsabilidad patrimonial", según el Ejecutivo asturiano.
El Gobierno del Principado considera que la orden anulada otorgaba a la flota asturiana una "exigua" cuota como consecuencia de un reparto "asimétrico" basado en una "mala" interpretación de los registros históricos de capturas en esta pesquería. A ello hay que sumar una penalización de 462.955 kilos por la "supuesta" sobrepesca de 2014.
"Se trata de un sistema de reparto que solo ha dejado satisfechas a las flotas que se han visto claramente favorecidas y ha abocado a las de Asturias y Galicia a la ruina", criticó el Gobierno de Asturias.
El Principado argumentó en su recurso que la decisión del Ministerio de Agricultura "perjudicaba" los intereses de los pescadores asturianos y alegó que el borrador de resolución, sometido al trámite de audiencia, no coincidía en su contenido con la resolución final.
Este borrador solo se refería a la fecha de inicio de la costera, mientras que la resolución final del Gobierno fijaba las cuotas iniciales de reparto que, en el caso de Asturias, se ajustaron a la baja a consecuencia de la penalización por sobrepesca.
El Principado adujo que estas penalizaciones se compensan en cada provincia con los cupos de otras de la misma comunidad, lo que resulta imposible en una autonomía uniprovincial como Asturias, por lo que consideró "arbitraria" la distribución.
Esta es la tercera sentencia favorable en contenciosos promovidos por el Principado tras los fallos dictados en 2015 por la Audiencia Nacional que anularon las órdenes de 2013 y 2014 que establecían un plan de gestión para los buques de los censos del caladero Cantábrico Noroeste. Asturias impugnó también el último plan de gestión que regula la pesquería, publicado en noviembre de 2015.
Mientras, la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), mayoritaria en el sector, celebró la sentencia del tribunal madrileño e instó a la Xunta a ponerse "de lado" de la flota gallega.
Acerga también informó de que el dictamen sobre el recurso que interpuso contra el reparto de 2015 se publicará "pronto".
