Un total de 179 marineros gallegos de los 479 que trabajan en pesqueros de bandera francesa pero capital español ya se dieron de baja en 2016 del Régimen Especial del Mar del Instituto Social de la Marina (ISM) para pasar a su homólogo francés, el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM). Se trata del 37% de estos trabajadores de barcos de A Coruña, Cedeira, Burela, Celeiro, Vigo y Marín, según explicó ayer la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Isabel Concheiro, durante la Comisión de Pesca del Parlamento gallego.
El ENIM obliga a estos tripulantes a cotizar en la Seguridad Social francesa desde el pasado 15 de enero. Concheiro remarcó ayer que la situación es "compleja", al existir una empresa gala -el barco- que cede sus derechos de explotación a otra firma española, que es la que contrata y paga a los trabajadores. "Se trata de una situación irregular, pero no fraudulenta, ya que la intención no es defraudar sino someter a los marineros a la legislación del país en el que residen", aseguró la representante de Mar, que detalló que la modalidad contractual de estos marineros no es la "adecuada".
"Desde una perspectiva laboral, lo que hay que aplicar es la legislación francesa", indicó ayer Concheiro, aunque aclaró que algo "distinto" es el derecho a ser asistidos en la Seguridad Social. Por ello, los gobiernos español y francés negocian un convenio con el objetivo de que estos marineros puedan seguir dados de alta en el sistema español para mantener prestaciones como los servicios sanitarios, que están "garantizados". La materialización de estas prestaciones, no obstante, puede verse "alterada".
La secretaria xeral de Mar informó de que la intención del Gobierno español es que las personas que cotizaban en el ISM en el momento del conflicto puedan seguir haciéndolo, aunque reconoce que lo más probable es que los "nuevos" marineros españoles que se enrolen en estos barcos tengan que pagar impuestos en Francia.
Irregularidades
Fuentes del sector admiten que una "mínima parte" de estos armadores cometió "irregularidades" en la contratación de sus tripulantes. La principal infracción es que contrataban a marineros y no los daban de alta en el régimen del mar, sino como trabajadores autónomos, y los registraban como empleados para realizar trabajos esporádicos a bordo, en calidad de electricistas o mecánicos, pero nunca como marineros de oficio.
El sector sostiene que el artículo 11.4 del Reglamento comunitario 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, permite a los tripulantes cotizar en su país de origen, como hacen la mayoría de ellos, por lo que los armadores creen que la legislación europea ampara la situación.
