Los mariscadores de las cofradías de Ferrol y Barallobre (Fene) comenzaron la semana pasada los trabajos de regeneración del banco marisquero de As Pías, el más importante de la ría de Ferrol. Las labores, que consisten sobre todo en la retirada de mejillón, se desarrollan durante tres días a la semana y los trabajadores reciben unos 25 euros por capacho recogido, con un límite máximo de 75 euros por día.

Los pósitos aceptaron finalmente la propuesta de la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) para regenerar la ría pese a su rechazo inicial, que los llevó a abandonar la mesa de negociación y a anunciar protestas contra la Consellería do Mar a finales del mes pasado. En aquel momento las cofradías denunciaron que Seaga solo les ofreció "un par" de días de trabajo, frente a los dos meses de regeneración que el sector exigía para recuperar las poblaciones de almeja de la ría.

La Xunta destina 65.000 euros a este proyecto, según fuentes del sector, por lo que los trabajos se realizarán mientras haya presupuesto. El patrón mayor de Barallobre, Carlos Rey, confirma que no sabe cuántos días podrán seguir con las labores de regeneración, aunque reconoce que dan un "respiro" al sector. "De momento aceptamos la propuesta porque no hay marisco y el banco necesita un descanso", aclara.

El proyecto también prevé el control de los depredadores, aportaciones de arena y la descompactación del sustrato, pero la retirada de mejillón centra las labores. Los mariscadores señalan que cada día llenan dos contenedores de obra con el mejillón que recogen con sus raños. "Ya no es solo el superficial, sino también las capas inferiores, llenas de conchas y podredumbre", lamenta Rey, que sostiene que el sector necesitaría al menos dos meses de trabajo para realizar una limpieza de calado. Una opinión que comparte la responsable del pósito de Ferrol, Isabel Maroño, que también pide más tiempo a la Xunta.

Estas tareas de regeneración se encuadran dentro de un plan general para las rías gallegas dotado con un millón de euros y distribuido en acciones puntuales remuneradas, un modelo que se compatibiliza con la extracción gracias a las bateas de reinstalación de marisco de la Xunta, que permiten comercializar producto de zonas C -las más contaminadas-, según defiende el propio Gobierno gallego. El sector, en cambio, cuestiona la funcionalidad de estas instalaciones.