La pesca de arrastre estará prohibida por debajo de los 800 metros en aguas comunitarias a partir de 2017 pese a la oposición frontal del sector a esta media. La Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Pesca de los estados miembros (la reunión de las tres partes se conoce como trílogo) llegaron ayer a un acuerdo, en el último intento posible, para prohibir la pesca de arrastre por debajo de esa profundidad. El veto entrará en vigor el próximo 1 de enero.

Bruselas cedió así a las presiones ecologistas y aprobó varias medidas técnicas que afectarán a la flota tanto de altura como del caladero nacional. Entre ellas destaca la "congelación" de la huella de arrastre, una medida que ya proponían los propios armadores y que significa que no podrán ampliar sus zonas de pesca más allá de las actuales, y un veto a esta arte por debajo de 400 metros en las áreas con entornos "vulnerables".

A estas prohibiciones se suma el embarque de observadores científicos, que la flota deberá llevar a bordo a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa. Este fue uno de los puntos que bloqueó las negociaciones del trílogo durante el último encuentro, celebrado el pasado día 14. En concreto, un 20% de los buques que realizan pesca dirigida en aguas de la Neafc (Comisión de Pesquerías del Atlántico Noreste) tendrán que llevar observadores a bordo, mientras que para los que no la practican la cuota será del 10%.

También está previsto que se designen puertos de descarga y se establece la posibilidad de retirar los permisos de pesca en caso de incumplimiento de las nuevas reglas.

El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, explicó ayer que el acuerdo es un compromiso "equilibrado" que "protege" los fondos marinos y los stocks de las especies de aguas profundas. "Contrariamente a las afirmaciones hechas por los profetas de la fatalidad, hemos logrado un equilibrio entre el esfuerzo pesquero y la ecología", indicó, por su parte, la eurodiputada encargada del informe, la francesa Isabelle Thomas.

La noticia, ya esperada por parte del sector (involucrado en las negociaciones a nivel europeo), fue recibida con una mezcla de preocupación y alivio por los armadores. Preocupación porque la decisión sienta un "peligroso precedente" para la extensión de la norma en el futuro, tanto a aguas internacionales como a profundidades de 600 o 400 metros. Alivio porque finalmente no se extenderá la prohibición a aguas no comunitarias -afectaría a los buques que pescan en aguas del Atlántico norte- y también porque concluyen las negociaciones y presiones de ONG como la francesa Bloom, fundada por Claire Nouvian, que ayer cargó en un comunicado contra la flota española y contra la propia Thomas. Nouvian tachó a la industria de lobby y de intentar "torpedear" el acuerdo de la mano de la eurodiputada. "De haber sido otra ponente, la reforma podría haber sido mucho más ambiciosa", criticó.

Mientras, la gerente de la Organización de Productores de Lugo, Mercedes Rodríguez, recordó que los arrastreros de litoral también se verán afectados. "Hay una zona frente a Asturias en la que no se faena en la actualidad pero que sería una opción, aunque ahora ya no se podrá explotar nunca", lamentó.