La Confederación Española de Pesca (Cepesca) -que agrupa a 38 asociaciones de armadores y representa a 800 empresas- y la Xunta mostraron ayer su rechazo a la decisión de prohibir el arrastre por debajo de los 800 metros en aguas comunitarias, tal como aprobaron Bruselas, Eurocámara y el Consejo de Ministros el jueves.
Cepesca calificó de "erróneo" y "arbitrario" este veto por considerar que carece de base científica. La patronal pesquera denunció que la decisión tomada por las instituciones europeas en el conocido como trílogo responde a intereses políticos y a la cesión al "chantaje" y las "amenazas" de los ecologistas "radicales".
El secretario general de la organización, Javier Garat, defendió que los fondos marinos donde trabajan las flotas de arrastre suponen una porción relativamente "pequeña" del océano y son áreas "seleccionadas" que fueron muy productivas durante décadas y que lo seguirán siendo si se controla de forma "adecuada" el esfuerzo pesquero.
"La prohibición socava la legitimidad de las organizaciones regionales de pesca y reincide en el error de demonizar, sin evidencias científicas, una modalidad muy regulada", sentenció Garat. El representante de Cepesca también aseguró que, sin este veto, el nuevo reglamento habría sido "aceptado y celebrado" por la mayoría de pescadores de la UE.
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, lamentó por su parte la restricción a la pesca de arrastre, aunque confió en que la presencia de observadores en los barcos, como establece el nuevo reglamento, permita recabar datos científicos para que se pueda "revisar" esta prohibición en un periodo de tiempo reducido.
