El nuevo Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, firmado ya por unos 60 países, obliga a las autoridades a inspeccionar los barcos pesqueros y los contenedores de pescado, o denegarles la entrada a puerto si sospechan que están involucrados en actividades ilegales. Así lo aseguró recientemente la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para salir al paso de las conclusiones de una investigación que denuncia que la mayoría del pescado capturado de forma ilícita que entra a la UE lo hace a través de esos contenedores, no regulados por la normativa vigente contra la pesca ilegal.
