La Audiencia Nacional anuló recientemente el reparto de cuotas pesqueras de 2014 en el Cantábrico Noroeste tras estimar el recurso presentado por la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) contra el plan de gestión de ese año. La organización, que también impugnó la orden de 2015 que regula la pesquería en la actualidad, estudia reclamar indemnizaciones al Gobierno por los amarres derivados de la "falta de cupos" durante 2014 y 2015, que ocasionaron "cuantiosos" perjuicios económicos al sector. También buscará que se declaren nulas las "numerosas" sanciones por sobrepesca impuestas a los buques de la asociación en ese contexto.

"Todavía hay que esperar, porque el Ministerio de Agricultura puede recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, pero creemos que se nos abre todo un abanico de posibilidades", explica el portavoz de Acerga, Andrés García, que considera "lamentable" el hecho de que cada año los barcos de esta asociación se queden "sin cuotas" mientras "sobran" posibilidades de pesca en el caladero, unos cupos pertenecientes a embarcaciones o flotas que no los utilizan.

La sentencia del tribunal establece que el plan de gestión es "contrario a derecho", lo que según Acerga invalida también la orden de 2015, una "copia" de la anterior. La asociación, mayoritaria en el sector, espera por ello que la Audiencia falle a favor del recurso que presentó contra el nuevo plan e insta al Gobierno a reunir de nuevo a toda la flota para "llegar a un acuerdo" de reparto.

Acerga pretende modificar el sistema de distribución actual, basado en registros de capturas históricas, por uno lineal, por barco y número de tripulantes.

Los planes de gestión de este caladero acumulan varias sentencias judiciales en contra debido a la oposición de diferentes flotas e instituciones. La Audiencia Nacional ya anuló las órdenes de 2013 y 2014 tras los recursos presentados por el Principado de Asturias contra el reparto de la xarda. El Ejecutivo asturiano también consiguió recientemente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid invalidase el plan de gestión actual.

Precisamente, la Justicia admitió a trámite a finales de mayo dos denuncias presentadas por la asociación coruñesa de arrastre Pescagalicia-Arpega-O Barco contra la orden de 2015. Esta organización pretende eliminar la posibilidad de que los barcos desguazados mediante subvenciones públicas subasten su cuota, lo que provoca una "acumulación desproporcionada" de derechos de pesca por parte de algunas embarcaciones.