Lo decíamos aquí hace semanas. Y, a día de hoy, la asociación Pescagalicia mantiene la denuncia contra el plan de gestión de 2015, sustituto del que dos años atrás (2013) elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy para regular mediante la tan socorrida orden ministerial la gestión pesquera en el caladero nacional Cantábrico Noroeste.
Ahora es tarde, pero al contrario que en la famosa canción, sí hay remedio. Y a esta posibilidad se acogen los arrastreros para evitar que en el futuro las cuotas de pesca del caladero citado se repartan a tutiplén en determinadas comunidades autónomas o, tirando por la calle de en medio, en base a modalidades y barcos.
Los arrastreros, como ha tuiteado Pescagalicia, reclaman que se anulen las compras de cuotas en el Cantábrico. Lo hace, no obstante, después de que muchos armadores se hayan quedado en el camino desguazando sus barcos, perdiendo estos y las cuotas inherentes a los mismos, cuando otros han percibido sus buenos euros por el achatarramiento y, además, por la venta a terceros de sus licencias de pesca en el caladero Cantábrico Noroeste.
La compraventa de cuotas ha arruinado a unos y, por contra, ha levantado la paletilla a otros. Y por si esto fuese poco, los vaivenes gubernativos han dado visos de legalidad al negocio de compraventa entre los años 2013 y 2015 para, finalmente, prohibirlas a partir del pasado año.
¿Se habrá preguntado la Secretaría General de Pesca si ha incurrido en ilegalidad por este cambio al que unos se han acogido y que ahora se les prohibe a otros porque el viento es del noroeste?
La Administración central ha dictado la norma que, teóricamente, pretendía salvaguardar los intereses de aquellos armadores que se acogieron a una orden vivida de nulidad al carecer del preceptivo informe del Consejo de Estado. Algunos armadores integrados en Pescagalicia habían manifestado públicamente -y aquí lo hemos recogido- su disconformidad con tales hechos. Pero ya conocían de antemano que sus quejas iban a ser papel mojado después de que "los amigos de siempre" se hubieran beneficiado de tal estado de cosas.
Estos mismos "amigos", beneficiarios de tal medida, pueden verse ahora muy perjudicados si, como se espera, prospera la denuncia de Pescagalicia en el sentido de declarar nula de pleno derecho la orden del año 2015 que lleva aparejado el plan de gestión para el Cantábrico. Pero ¿quién les va a compensar? ¿Cómo se va a resarcir a las decenas de armadores gallegos que, por ejemplo, compraron barcos y cuotas a sus homónimos del arrastre portugués, que siguen faenando en el Cantábrico Noroeste al margen de las obligaciones que atañen a los barcos españoles, ya sea por la utilización de artes aquí prohibidos o en días que obligan a la flota nacional a realizar un descanso? ¿Qué puede pasar con la aplicación de los derechos históricos de pesca?
La ministra y el secretario general de Pesca han de dar, necesariamente, la cara. Con o sin Mariano Rajoy en la presidencia efectiva del Gobierno.
