La asociación coruñesa de armadores Pescagalicia-Arpega-O Barco y la organización de productores que gestiona, OP 31, calculan que la flota de arrastre de fondo del Cantábrico Noroeste perderá unos 30 millones de euros sólo entre el año pasado y este por las limitaciones de capturas que establece el plan de gestión del Cantábrico Noroeste en el que el Gobierno faculta que los propietarios de barcos desguazados con ayudas públicas puedan revender las cuotas que tenían asignadas.

Pescagalicia ya advirtió en reiteradas ocasiones que esta medida beneficia a los armadores con más capacidad económica, que pueden comprar esos cupos y copar la actividad y exigen que el próximo Gobierno derogue la orden ministerial que lo permite.

El pasado mes de enero los armadores de arrastre de fondo presentaron dos recursos contra la orden aprobada por la Secretaría General de Pesca (perteneciente al Ministerio de Agricultura) el 17 de noviembre de 2015 para aprobar el plan de gestión del caladero del Cantábrico Noroeste. La Audiencia Nacional los admitió a trámite a finales de mayo y abrió el plazo para que Pescagalicia formalizase una demanda contra el Estado, como así hizo.

Esa última orden viene, según Pescagalicia, a intentar amparar las transmisiones de cuota realizadas el año pasado y que habían sido habilitadas por otro plan de gestión, aprobado en 2013, que fue anulado por diversas sentencias de la Audiencia Nacional. Por eso entienden que esos trasvases de cupo son ilegales y reclaman la anulación de la norma que lo habilita y que, como la aprobada en 2013, está ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Los armadores de arrastre de fondo revelaron en un comunicado hecho público ayer que esas ventas de cuotas de pesca han impedido a los 75 barcos que forman esta flota en el caladero Cantábrico Noroeste capturar pescado por valor de 15 millones de euros, una cifra que calcula se replicará a lo largo de este año. Pescagalicia concreta por ejemplo que las transferencias de cupos de lirio ascendieron a 7,5 toneladas, lo que al precio que alcanzó esta especie en el mercado durante el año pasado, hubiera generado unos 6 millones de euros en ingresos a la flota arrastrera. Las pérdidas sólo con la xarda o caballa ascenderían según estos cálculos a otros 1,2 millones de euros.

Pescagalicia y OP 31 advierten de que esos 30 millones de pérdidas sólo se corresponden con los dos últimos años, aunque la orden que permite revender cuotas de barcos desguazados con ayudas públicas está vigente desde 2013. Por ello y para evitar más pérdidas, exigen su retirada y que el próximo Gobierno abra un proceso de negociación con la flota afectada para compensarla por la venta de cupos "a todas luces ilegales".

El secretario general de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, calificó esta medida de "mercantilización de recursos públicos", en referencia a los derechos de pesca y advirtió de que este sistema provoca una acumulación desproporcionada de posibilidades de pesca por parte de algunos buques. "Los armadores con mayores recursos económicos son los que pujan más por estos cupos", explicó.