El Ministerio de Agricultura inició un expediente para depurar las responsabilidades en relación con la participación de personas físicas y jurídicas españolas en la propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22, implicados en actividades relacionadas con la pesca ilegal en el marco de la operación Sparrow 2, que llevó al rgistro de varias empresas en A Coruña y Pontevedra los días 28, 29 y 30 de julio de 2015.
Durante estas inspecciones se obtuvieron más de 10.000 documentos que demuestran la existencia de un entramado empresarial, presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación de los mencionados pesqueros.
La Ley prevé sanciones entre 60.001 euros y 600.000 euros, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, la pérdida de las licencias de pesca o la prohibición para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.
Ambos buques están identificados por diversos organismos internacionales como buques implicados en Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR), una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina.
Esta iniciativa continúa la senda marcada con la operación Sparrow, que desembocó en un expediente sancionador por el que el Gobierno impuso sanciones por un valor superior a 16 millones de euros, así como inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras de entre 5 y los 23 años, contra el supuesto entramado empresarial de la empresa gallega Vidal Armadores. También supuso la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante periodos que van entre los 5 y los 26 años, por la vinculación de personas físicas y jurídicas españolas con los buques Kunlun, Yongding, Songhua y Tiantai.
