Flota gallega exige cambiar la normativa española para alquilar cupos de Holanda

Los armadores pretenden modificar un artículo para evitar que las cuotas negociadas con empresas de otro estado miembro se repartan entre todos los barcos españoles

19.08.2016 | 01:23
Un barco gallego de Gran Sol.

La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) puso sobre la mesa de la Secretaría General de Pesca una propuesta de modificación de una normativa que daría luz verde al alquiler de cuota a Holanda que los armadores gallegos negocian con varias empresas del país neerlandés. La alteración está relacionada con un párrafo de la orden ministerial relativa al plan de gestión para los censos de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros que operan en el Atlántico nordeste. El objetivo es que los derechos de pesca logrados por una compañía o asociación española mediante la negociación con otra de un estado miembro sea repartida entre sus propios buques y no entre toda la flota española.

La asociación alcanzó un acuerdo para adquirir una parte de la cuota que no utilizan las empresas holandesas, si bien no trascendió ni la cantidad ni las especies. La materialización del pacto, sin embargo, está parada debido a la época estival y también a la falta de Gobierno, según critica el sector.

La modificación que buscan los armadores gallegos está en el punto 8 del artículo 3 de la orden ministerial AAA/1510/2014, que establece que este tipo de intercambios debe ser notificado a las demás agrupaciones. De esta forma, la cooperativa cree que estaría "trabajando para otras asociaciones" al negociar un cupo que se repartiría entre todos. "Después de que el país realice los intercambios con otros estados, es para todos", explican fuentes de la agrupación viguesa.

Este importante traspaso de cuota no es lo único que se encuentra en standby por parte del Gobierno. El sector también está pendiente de lograr una solución para los marineros de barcos gallegos abanderados en Francia que el país obligó a cotizar en el Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM, versión gala del Instituto Social de la Marina).

El problema viene desde octubre de 2015 y el sector entiende que España no hizo lo suficiente para evitar que los marineros tengan que cotizar allí. Las últimas informaciones apuntan a que puede estar cerca un acuerdo que satisfaga tanto a armadores y marineros como a las autoridades francesas, aunque la flota pesquera afectada -unos 50 buques con 530 marineros- ya sufrió las consecuencias de la presión ejercida por el país vecino.

El 37% de los marineros de barcos de A Coruña, Cedeira, Burela, Celeiro, Marín y Vigo abanderados en Francia ya tuvieron que pasarse al ENIM, según se supo el pasado mes de junio.

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