La liberación por parte de Santo Tomé del buque Alemar Primero y su tripulación (en la que había dos gallegos) pone fin a dos semanas de cautiverio que afectan de forma notable a la confianza de los armadores en la seguridad jurídica de algunos países de África occidental. El palangrero guardés no será el único que ahora ponga millas de por medio para salir de las aguas del país para faenar en otra zona. Según confirma la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), los otros dos barcos con licencia de pesca en Santo Tomé han decidido no utilizar el caladero. "Después de esto no les quedan ganas", explicó Juana Parada, gerente de la asociación.

Este no es, sin embargo, un caso aislado. La Unión Europea ha firmado acuerdos pesqueros con otros diez países de esa parte del globo. Uno de ellos es Liberia, cuya rúbrica tuvo lugar hace poco más de un año y su aprobación final llegó el pasado mes de mayo. Es el primer protocolo acordado con este país por parte de Bruselas e incluye posibilidades de pesca para seis palangreros que, sin embargo, fueron rechazadas en Galicia. El motivo fue el caso del Eros.

Este buque palangrero de Ribeira fue apresado por el país africano en 2012 mientras disfrutaba de un permiso de pesca. Su armador y capitán, Manuel Alberto Suárez, tuvo que pagar 90.000 euros de multa para poder volver a su casa tras más de un año retenido, pese a que siempre declaró que era inocente y que lo habían engañado. Según decían desde Liberia, el buque tenía el permiso caducado, por lo que llegaban a reclamarle 2,2 millones de euros como sanción. "Viví un auténtico infierno; fui víctima de una farsa y nadie nos ayudó", decía Suárez recientemente a este diario.

El caso del Eros levantó temores entre los armadores gallegos, que decidieron evitar aguas liberianas debido a la inseguridad jurídica. Cuatro años después, los otros dos buques de Orpagu con licencia en Santo Tomé rechazan pescar allí.

Curiosamente, los protocolos firmados por la UE con ambos países son los más baratos junto con el de Cabo Verde. Este último es de 550.000 euros al año, mientras que los de Liberia y Santo Tomé son de 715.000 y 710.000 euros.

El buque recién liberado todavía se encontraba en el país isleño la semana pasada a la espera de poder volver a faenar. Los armadores tienen que volver a dar de alta el diario electrónico de a bordo (DEA) antes de partir, aunque se espera que sea "lo más pronto posible", como indicó la gerente de Orpagu.