Inspectores de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, registraron durante todo el día de ayer las lonjas de A Coruña, Ribeira y Vigo para investigar si en los centros se comercializa pescado sin declarar. Los funcionarios, acompañados por agentes de la Guardia Civil, requisaron abundante documentación de ventas y extrajeron información de los ordenadores de empresas que operan en las lonjas, como casas subastadoras y organizaciones de armadores. Fuentes próximas a la investigación indicaron que se trata de actuaciones administrativas y no judiciales, por lo que no hubo detenciones. La operación no está centrada en la actividad extractiva sino en el comercio mayorista. Las inspecciones se prolongaron durante la tarde y, al menos en A Coruña, continuaban al cierre de esta edición, cuando solo se habían registrado dos firmas.
Las pesquisas comenzaron de forma simultánea en los tres puertos en torno a las 10.00 horas y cogieron por sorpresa al sector. "Había unas 24 personas, entre Guardia Civil y Hacienda. Entraron sin decir nada y se pusieron a descargar la información de los ordenadores", relataba ayer el responsable de una de las empresas registradas en A Coruña, en la que los funcionarios recabaron información durante horas. "Esta gente nunca se va sin poner una sanción, siempre puede encontrar algo que no le guste", lamentaba el comercializador.
El personal de la Agencia Tributaria que realizó los registros de ayer pertenece a los departamentos de Vigilancia Aduanera y las Unidades de Auditoría Informática, especializadas en obtener información registrada en los servidores.
El patrón mayor de la Confraría de Pescadores de Ribeira, José Antonio Pérez, explicó que los agentes que acudieron al pósito -al igual que a la Cooperativa del Mar y a la lonja de la localidad- pedían los datos de todas las ventas realizadas entre los años 2012 y 2016.
Pérez asegura que colaboró con los "tres o cuatro" miembros de Hacienda que accedieron a la cofradía y que reclamaban "toda la documentación posible" sobre las transacciones económicas de esos años, tanto la minorista como al por mayor. Pasadas las seis de la tarde, seguían allí.
Si finalmente Hacienda descubre que se produjeron ventas irregulares, las sanciones dependerán de las cantidades defraudadas, que determinarán si se trata de infracciones administrativas o delitos fiscales.
Las operaciones de ayer se producen casi cuatro meses después de que Hacienda y la Guardia Civil registrasen las lonjas de Burela y Celeiro ante una sospecha del mismo tipo, aunque de momento no transcendieron más detalles sobre esas pesquisas.
La Agencia Tributaria también abrió una investigación similar en el Mercado Central del Pescado de Barcelona (Mercabarna) en marzo de 2015, la denominada operación White. Más de un centenar de funcionarios del organismo registraron entonces 23 puestos y 10 oficinas pertenecientes a una veintena de sociedades mayoristas que operan en el mercado barcelonés y que supuestamente ocultaban más del 30% de sus ventas reales mediante un sistema informático. Los "anómalos" índices de beneficio de estas empresas, que nunca superaban el 1,5% pese a que facturaban 300 millones anuales de forma conjunta, hicieron sospechar a los inspectores de Hacienda, que también constataron el manejo de grandes cantidades de efectivo por parte de los responsables de las firmas y la "insuficiente documentación" que ofrecían en sus operaciones con clientes.
