Galicia cuenta ya con un nuevo viejo gobierno autonómico.

Se ha producido un teórico relevo auspiciado por el voto ciudadano que confiere de nuevo a Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de cambiar su política -si lo considera necesario- en el bientendido caso de que, muy probablemente, tal cambio no se va a producir por cuanto al frente de los distintos departamentos gubernamentales figuran las mismas personas que, a lo largo y lo ancho de las pasadas legislaturas asumieron tal política. En todo ese período de tiempo -dos legislaturas ya finiquitadas y la tercera en su inicio- apenas ha habido modificaciones; pero la tercera de Núñez Feijóo al frente de la Xunta comienza con exactamente las mismas personas con las que había finalizado la segunda. Y esto hace pensar que todo va a seguir igual porque, en definitiva, la tercera mayoría otorgada a Feijóo por el pueblo soberano, parece ratificar esa política. Incluso la pesquera, marisquera y acuícola diseñada y aplicada por Rosa Quintana, conselleira do Mar, con lo que aquellos que no se sienten -o sentimos- plenamente identificados con lo por Quintana decidido estamos equivocados (a juicio del mismo pueblo soberano que los ha reelegido).

Aún así, y basándome en hechos publicados y que parecen incontestables, quisiera llamar la atención -tanto de la Consellería do Mar como de los votantes del PP- en una cuestión que sigue sin ser resuelta desde que Núñez Feijóo y Rosa Quintana tomaron la decisión de abolir el Seguro Colectivo de Pesca que contemplaba indemnizaciones por muerte e invalidez, así como ayudas para estudios y gastos de guardería de los huérfanos e hijos de marineros accidentados.

Se van a cumplir 10 años de un informe elaborado por la aseguradora Artal a petición de la, entonces, Consellería de Pesca, que establecía la cifra de 454 marineros gallegos muertos entre los años 1991 y 2006, víctimas de accidentes marítimos y laborales durante el desempeño de su actividad profesional. Los profesionales del mar que fallecieron en accidentes de trabajo en ese período fueron 276, mientras que las muertes por incidentes marítimos fueron 178.

En el año 2006, la Consellería amplió el seguro colectivo de accidentes en el mar a los inmigrantes enrolados en buques con puerto base en Galicia, una medida con la que se pretendía paliar la posible precariedad económica y social en la que quedarían inmensas las familias de los tripulantes extranjeros accidentados. Ese seguro contemplaba -recordemos que fue eliminado por el Gobierno de Feijóo- indemnizaciones por muerte e invalidez, ayudas para los estudios, etc., e incluso, en caso de que los fallecidos no dispusieran de otras coberturas, la Consellería de Pesca se hacía cargo de los gastos del sepelio y de los de repatriación de los cadáveres de los marineros fallecidos.

La eliminación de este seguro estuvo justificada en buena medida por la penuria económica de las arcas autonómicas. Hoy, sin que estas estén boyantes, se encuentran en mejores condiciones que las que entonces se registraban. También es evidente el incremento de marineros extranjeros en los roles de los barcos gallegos. Y, sobre todo, son muchos más los marineros pendientes de empleo, por no decir claramente que están en el paro.

Si a todo ello unimos que la siniestralidad en el sector se ha reducido considerablemente, ¿no es hora de retomar ese seguro y aplicarlos a los cada vez menos tripulantes de una de por sí menguada flota gallega?