El Parlamento Europeo votará hoy en Estrasburgo un nuevo reglamento que busca dar mayor transparencia a la flota que opera en aguas lejos de la Unión Europea, algo que el sector defiende y ve comprensible. Entre las enmiendas existen apartados que los armadores no están dispuestos a asumir. Es el caso de la posible instauración de un sistema de "doble sanción", como definen desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que ocasionaría que un buque no pueda faenar durante un año en su caladero habitual si es condenado por una infracción grave.
El sector opina que si ya fuiste sancionado por la normativa del Estado miembro en el que el barco está abanderado o del tercer país en el que faenas, "no tiene sentido" que también seas penado por la UE. "Esto implicaría dejar de pescar 12 meses, algo que para algún tipo de buque es inviable económicamente. Se hizo una ley para todos sin tener en cuenta la especificidad de la zona en la que pescan", comenta el presidente del Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia (LDAC), Iván López.
El presidente de la flota de larga distancia opina que esto es "un ejemplo más de legislar desde un despacho de Bruselas" sin tener en cuenta la realidad pesquera. López recuerda también que cada país tiene su propia normativa en materia de sanciones, por lo que si un barco español comete un falta y otro portugués o francés -por poner de ejemplo- hacen lo mismo, quizá su sanción sea diferente al no ser considerada como grave en una legislación y en la otra sí, con lo que tendrían un mayor castigo por parte de la UE con esa prohibición de pesca de 12 meses. "No hay coherencia en los controles", indica. Lo mismo sucedería, informa, con las faltas en los países terceros.
El presidente del LDAC recuerda que existen sanciones graves en la normativa española que se pueden deber a simples errores. "Si te equivocas, por ejemplo, en el etiquetado, podrías quedarte sin pescar porque en España eso es una sanción grave", comenta.
La base de esta normativa es que la flota que faena lejos de la UE cumpla con los mandamientos de la Política Pesquera Común (PPC). Para ello, se basan en la creación de la Fishing Authorisation Regulation (FAR), un reglamento que se parece a los Permisos Temporales de Pesca (PTP) que emplea España para estos barcos. "Es decir, España ya vigila mucho y cuánto más lo hace más va a penalizar a su flota", comenta Iván López.
El sector teme que con estos permisos de la UE aumente la carga burocrática para poder hacerse con uno. La información con este fin, además, sería pública -como reclaman las ONG-, lo que pondría en "riesgo" la privacidad de las empresas pesqueras.
Las ONG Oceana, PEW, EJF o WWF demandan que esto salga adelante para acabar con el "abanderamiento abusivo" y crear un base de datos pública con las autorizaciones de los barcos para pescar en otros países.
El sector espera que la normativa entre en vigor el próximo 1 de enero. La decisión adoptada por el Parlamento Europeo se trasladará antes a los trílogos -junto con el Consejo y la Comisión- para llegar a un acuerdo final.
