La Consellería do Mar estuvo ayer en Bruselas para discutir la normativa de obligación de desembarques (llevar todas las capturas a puerto para evitar los descartes) y los problemas que trae consigo. Galicia denunció de la mano de la nueva directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, la "incompatibilidad" de este reglamento con el criterio de estabilidad relativa, el sistema de reparto de cuotas que cada año se asignan a los Estados miembro de la UE. "La obligación de desembarque es un ataque al sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC) actual", explicó Rodríguez, que expuso una serie de mejoras para solventar la problemática.
Los gobiernos y el propio sector albergan muchas dudas sobre cómo aplicarla dos años después de que la normativa entrara en vigor -se implanta por especies de forma paulatina, año a año, desde el 1 de enero de 2015-. Como explicó Rodríguez, significa "un reto para todo el sector pesquero de la UE" ya que existen "numerosas dudas" sobre su cumplimiento. "Es una situación que tiene más problemas que soluciones y hay medidas que están por desarrollar", informó la directora xeral de Pesca. El director general de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca (DG Mare), João Aguiar, llamó por su parte a la cooperación de los Estados miembro para "buscar soluciones".
Esta "incertidumbre" puede traer consigo una parte positiva. Mar anunció a lo largo del año pasado que se estaba preparando para encontrar la mejor forma posible de meter mano al injusto sistema que fija el reparto de cuotas desde hace más de 30 años. Tras un informe encargado al Instituto Universitario de Estudios Europeos y varias reuniones con el sector, se llegó a la conclusión de que la mejor opción de cambiar el principio de estabilidad relativa era demostrar que el sistema en sí está obsoleto con la implantación de la norma de descartes.
Según el reparto actual, cada Estado recibe sus cuotas de acuerdo a las descargas, cuando entonces no se reflejaban los descartes. Tampoco preveían la diferencia entre las capturas históricas de especies dedicadas al consumo humano y las accesorias o destinadas a harinas y aceites de pescado. La existencia de las denominadas choke species, especies para las que la flota española tiene poca cuota y que provocarán el cese de la actividad, se suma a todo ello.
Entre las mejoras que ayer propuso Rodríguez en Bruselas están el alquiler o la compra de cuotas, incrementar los cupos de los Estados miembro y establecer un sistema que ofrezca las máximas garantías para utilizar todos los TAC disponibles en la UE.
La lucense se apoyó en la publicación realizada por la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) en 2015 en la que se cifraban hasta un millón de toneladas sin pescar entre los años 2008 y 2014 en los Estados de la Unión Europea para ejemplificar la necesidad de cambio. Estas capturas que tendrían un valor aproximado de 1.800 millones de euros.
