El Gobierno reconoció la existencia de errores en la modificación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los marineros de buques congeladores y se comprometió a revisar "caso por caso", según informó ayer el sindicato CIG en una rueda de prensa. El sindicato nacionalista calcula que el proceso estará resuelto en un plazo máximo de tres meses, según indicó el responsable nacional de la sección de Mar de la central sindical, Xabier Aboi.

Un error en el cruce de datos entre la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina (ISM) provocó que algunas embarcaciones, sobre todo de palangre, no fueran reconocidas como congeladores, por lo que a sus tripulantes no se les puede aplicar el coeficiente reductor máximo para la edad de jubilación, del 0,4. Aboi explicó que el Gobierno solucionó provisionalmente la situación de la flota de fresco, pero no así el caso del palangre. "[El Ejecutivo] argumenta que hay que esperar a que entre en vigor la nueva norma comunitaria", denunció. Las tripulaciones de alrededor de 90 embarcaciones gallegas están afectadas, lo que obliga a algunos de sus tripulantes a volver a embarcarse al no tener reconocido su derecho a la jubilación.

La CIG recopiló los datos necesarios para demostrar que los barcos son congeladores, entre ellos documentación oficial en la que el propio Ministerio de Pesca lo admite, y los trasladó a las capitanías marítimas. El Gobierno pidió a estas administraciones que estudiasen "caso por caso" la situación de los buques, por lo que el sindicato se puso en contacto con las patronales para que facilitasen la información indispensable para demostrar que sí son congeladores.

"Sabemos que se trata de una decisión política para aplicar el mayor recorte social en la historia de la pesca gallega", asevera la CIG, que critica que el Ministerio de Fomento atribuya esta situación a un error en el código de las embarcaciones.

El sindicato censuró también la actitud del PP, que votó a favor de una moción presentada por el BNG en el Parlamento gallego para que se revisasen de oficio las pensiones y el propio modelo de las jubilaciones, y después promovió otra, "menos beneficiosa para los tripulantes", y que se aprobó con los votos de En Marea. En ella, se le exige al Gobierno central que mantenga los actuales coeficientes hasta la entrada en vigor de la normativa europea, algo que podría demorarse hasta 2018, según Aboi.