"La gestión de las cuotas debe ser equilibrada para evitar la sobrepesca y otros problemas"

- ¿Cuál es la base legal de la gestión de los recursos por cuotas?

-La pesquera es una política común europea y por lo tanto la Unión Europea fija las bases del régimen general. Esto significa que tenemos que ir a las normas europeas para conocer los criterios que luego se van a aplicar en cada estado miembro. Un reglamento de la UE de 2013 establece que la sostenibilidad ambiental, económica y social tiene que ser el eje sobre el que debe pilotar la aplicación de las cuotas en cada estado miembro.

- ¿Y a continuación?

-Cada país en su legislación propia aplica estos criterios generales, con lo que surge el sistema de las cuotas, que en España está previsto en el artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado del 2001 y que se desarrolló por órdenes ministeriales en distintos momentos. Algunas fueron anuladas por problemas de forma y la de 2015 [sobre el reparto en el Cantábrico Noroeste] está en vigor pero cuestionada ante la Audiencia Nacional.

- ¿Qué principios deben atender estas normas?

-A la hora de aplicar la gestión de estas cuotas en el seno de la UE hay que atender de forma equilibrada, equitativa y proporcionada a los tres criterios que aparecen en la ley española, que se refieren a los históricos, a los ambientales y también a los económico-sociales.

- ¿Cree que se respetan?

-Hicimos por encargo de Acerga un estudio jurídico sobre el sistema de las cuotas y la aplicación de la norma europea en el derecho español, en concreto la orden ministerial de 2015. En una primera aproximación, nos parece que se podría haber hecho un mayor esfuerzo y que puede tener problemas de justificación, argumentación y motivación por parte del Ministerio de Pesca, que tiene una potestad discrecional. En todo caso, serán los tribunales los que, cuando llegue el momento, dirán lo que tengan que decir.

- ¿Sería entonces necesario realizar un cambio?

-Hay unos recursos interpuestos ante los tribunales de la Audiencia Nacional y si esta estima que [la orden ministerial] no está bien justificada, tendrán que hacer otra, claro.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes del reparto actual?

-De lo que se trata fundamentalmente es de tener presente la sostenibilidad ambiental y la realidad de los criterios económicos. La pesca genera muchos puestos de trabajo y es fundamental de cara al futuro porque este es un sector económico y social muy importante para Galicia.

- ¿Cree que hay equilibrio entre los informes científicos y lo que cuentan los pescadores a la hora de establecer las cuotas?

-La argumentación y la motivación de las Administraciones públicas en esta materia, tal y como dicen los principios de la política común de pesca, tienen que estar amparados en los mejores dictámenes científicos posibles, que muchas veces son los que permiten que se tomen esas decisiones y los que dan cobertura y sustento para poder motivar. Aquí hay que aplicar lo que dice la Constitución en el artículo 103, donde especifica que la Administración sirve con objetividad el interés general.

- ¿Cree que a la hora de establecer las cuotas supone un problema que haya tantas diferencias entre las autonomías?

-La Administración tiene que buscar en un modelo compuesto como el español, con diferentes autonomías y sensibilidades, ofrecer distintas posibilidades de pesca y hacer un esfuerzo de sincronización y de integración para llevar a Bruselas una voz que tenga en consideración todos los intereses.

- ¿Cuál es el fallo en la legislación que permite que se produzca sobrepesca o no se consuma toda la cuota?

-Desde el punto de vista del derecho, lo que tenemos que conseguir es que la gestión de las cuotas se haga de forma armónica, equilibrada y razonada. Si se hace así, no habrá sobrepesca ni problemas como los que ha habido en el pasado. En este sector hay muchos agentes y partes implicadas y la universidad es un interlocutor positivo para facilitar los encuentros de los que debe partir una visión armónica, equilibrada y equitativa de la política de pesca común. No es fácil, es un desafío, pero es posible.

- ¿Entonces cree que es un problema de base?

-Los principios de la política comunitaria están muy claros, de lo que se trata es de que se puedan tener más presentes a la hora de gestionar las cuotas.

- ¿A qué se puede deber que se publique el reparto después de que comience la campaña?

-Yo no conozco situaciones concretas de esa naturaleza, pero las disfuncionalidades que pueda haber se resuelven con diálogo , con encuentro, al hacer de la participación una realidad, para que cuando realmente se negocien las cuotas próximas, el Reino de España esté en las mejores condiciones para que nos den los mayores cupos posibles.

- ¿Qué le parece la propuesta de un reparto hecho por tripulante y no por buque?

-Hay que buscar la fórmula que mejor garantice la sostenibilidad económica, ambiental y social. Las cuotas son un sistema para establecer un criterio para los Totales Admisibles de Capturas y para que esta actividad tan noble de la pesca se realice en las mejores condiciones debe estar asentada en un plan que tenga en cuenta de una forma muy importante que la intervención pública está para el libre y solidario desarrollo de las personas. Es decir: tanta intervención como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. Detrás de los expedientes, detrás de las decisiones, hay personas de carne y hueso.

- ¿Cómo se afrontan legalmente los intercambios?

-La transmisión está prevista en la legislación, el problema es que estas operaciones deben redundar en la mejora del sector desde todos los puntos de vista: ecológico, económico y social. Podría pensarse que la transmisibilidad de la cuota da lugar a algunos problemas, y para que se haga conforme a la equidad, proporcionalidad, integración y sostenibilidad, hay que buscar que se elabore pensando en todo el sector no desde una sola perspectiva territorial o personal, sino en su conjunto.