Cuatro integrantes de la asociación Long Hope, que reclama a Noruega las pensiones de miles de ex marinos españoles por los servicios prestados en la flota mercante del país nórdico, declararon ayer en el primer juicio celebrado en Oslo con la finalidad de lograr el reconocimiento de esas prestaciones. Es la primera de las tres vistas que se celebrarán en Noruega antes de que su demanda -si no prospera por esta vía- llegue al tribunal de Estrasburgo. "Aquí estamos para agotar la vía legal interna, porque contamos con que al menos haya dos más. Puede que uno este mismo año", explicó ayer el portavoz de la asociación que reúne las peticiones de 12.000 marineros españoles -entre ellos 8.000 gallegos-, el noiés Alberto Paz.

Juan Lores (presidente de la asociación), Manuel Rama (tesorero), Manuel Otero (vocal) y Alberto Paz estuvieron en el Juzgado de Oslo entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde. Acompañados del profesor de Dereito do Traballo e Seguridade Social en la Universidade da Coruña, Xosé Manuel Carril, los exmarinos prestaron declaración y presentaron la documentación de la demanda interpuesta por 212 marineros o familiares integrados en la asociación que pretenden acreditar la legalidad de sus pensiones.

El abogado Øyvind Østberg, que representa a los marineros gallegos, explicó en el medio local NRK que los españoles eran contribuyentes de la sociedad noruega y trabajaban en barcos noruegos. "Eso en sí mismo debería darles el derecho a una pensión", explicó.

Mientras, el Gobierno noruego continúa defendiendo que "no existe" base para la reclamación, según recoge el mismo medio, que cita a la fiscal general Hilde Ruus. Las reclamaciones de los marinos españoles, a su juicio, deben ser desestimadas. "Más allá de eso, no vamos a comentar sobre el caso", añadió.

Con la demanda, los marineros buscan demostrar que estuvieron embarcados en la flota de Noruega entre los años 1948 y 1994, momento en el que el país entró en el Espacio Económico Europeo. En este periodo de tiempo calculan que pagaron al Fisco del estado nórdico unos 520 millones de euros en impuestos, ya que fueron obligados por ley a aportar hasta el 40% de su salario bruto. Sin embargo, al no residir allí, se les impedía cotizar, motivo por el que a día de hoy no reciben la pensión por la que llevan peleando desde 2008.

Pese a que reconocen que la Justicia allí "es más rápida" que en España, no dudan de que el país escandinavo pondrá trabas para alargar el proceso, como explican que ya hizo cuando presentaron la demanda hace más de un año, que no fue admitida hasta cinco meses más tarde.

"Este primer juicio acabará mañana [por hoy]. No se deben dar conclusiones antes de que acabe", señaló Paz sobre el proceso, en el que también están acompañados por Jorge Cabrera, "segundo" de la embajada de España en Noruega.

Long Hope impulsó más de 70 manifestaciones y concentraciones desde su creación. Hace unas semanas se reunieron con el gabinete de la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, y en España con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, que también se comprometió a insistir a Oslo sobre un problema causado por un trato "injusto y discriminatorio" y aseguró que si no se solucionaba por vía diplomática, el Gobierno actuaría en el ámbito judicial.