Noruega reconoció ayer en el juicio celebrado a raíz de la demanda de los exmarinos gallegos que faenaron en su marina mercante y que reclaman el pago de sus pensiones que los españoles sí tributaron en el país nórdico. "Ayer [por el martes] el Gobierno noruego sostuvo que los marineros no pagaron impuestos. Hoy se presentó el documento del convenio bilateral de doble imposición y tuvo que admitir que no era así", explicó el profesor de Dereito do Traballo e Seguridade Social en la Universidade da Coruña, Xosé Manuel Carril, que está en el país nórdico en calidad de observador con la asociación Long Hope. Esta asociación agrupa a 12.000 jubilados afectados -8.000 de ellos gallegos- que reclaman el cobro de sus retribuciones por los años que estuvieron embarcados en Noruega en el periodo comprendido entre 1948 y 1994.

"Los armadores noruegos no pagaron en su momento la Seguridad Social de los gallegos y ahorraron, según datos oficiales, 14 millones de coronas [el equivalente a 1,53 millones de euros], lo que les permitía ser más competitivos", explicó el profesor Carril. Los exmarinos estuvieron excluidos de la Seguridad Social de Noruega mientras trabajaron embarcados, algo que escapaba a su control y que es la razón por la que ahora no cobran su pensión. Por ello, ven un "trato diferente" a los empleados de un país y otro.

Noruega alegó que no se puede hablar de trato desigual al no ser la misma situación y culpó a los marineros de estar desprotegidos por no buscar alternativas (como el pago de un seguro privado) y no contar con el respaldo de España. El país nórdico aseguró que no es posible hablar de exclusión porque los demandantes no cumplían los requisitos exigidos, aunque admitió que, de existir alguna desigualdad en el trato, se produciría para amparar a los nacionales. "Los marineros noruegos estaban protegidos por la Seguridad Social, a diferencia de los gallegos, que tenían las mismas condiciones salvo la residencia", explicó Carril.

El juicio comenzó el martes con la presentación de las pruebas iniciales y las declaraciones de los cuatro representantes de la asociación y la del Ministerio de Trabajo de Noruega. "La estrategia del Gobierno noruego fue restar credibilidad a las pruebas aportadas por Long Hope", comentó Carril. Ayer, las partes implicadas presentaron el alegato final y el caso quedó visto para sentencia, que se dictará muy probablemente a finales de abril. Sin embargo, se espera que ambas partes recurran lo que determine el juez de primera instancia.

De hecho, el caso debe pasar por las tres instancias de la Justicia noruega para llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que es el objetivo final de la asociación. "Estamos contentos de sentar a Noruega en el banquillo, pero queremos llevarla a Estrasburgo. Hay tres piedras en el camino y una ya está saltada", declaró el portavoz de Long Hope, Alberto Paz, que viajó al país nórdico junto al presidente, Juan Lores, el tesorero, Manuel Rama, y un vocal, Manuel Otero.

Los exmarinos, que llevan en Noruega desde el fin de semana, tienen previsto regresar mañana a Galicia. El domingo se manifestaron ante el Parlamento noruego de cuatro a cinco de la tarde, algo que no pudieron repetir martes y miércoles, como tenían previsto, porque el juicio se prolongó los dos días desde las 09.00 hasta las 17.00 horas.