Los armadores gallegos agrupados en la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) reclaman una rápida solución al Gobierno ante la anulación por parte de la Audiencia Nacional de la gestión conjunta de las flotas españolas que faenan en Gran Sol y en el golfo de Vizcaya. El sector exige a la Secretaría General de Pesca que tome medidas cuanto antes para aclarar el futuro de los casi cien buques que se ven afectados por la resolución judicial.
La Asociación de Armadores de Palangre del Cantábrico (Arpacan), con siete palangreros de menos de 100 toneladas de registro bruto, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional para que cambiase el modelo fijado por Pesca en agosto de 2014. Esta ley afectaba a los buques de altura, gran altura y palangreros mayores y menores de 100 toneladas que faenan en el Atlántico Noreste o aguas comunitarias no españolas y permitía el trasvase de cupos individuales por especies.
La anulación de la Audiencia Nacional significaría la vuelta a la norma de 1981 por la que no se podían comprar o vender las posibilidades de pesca otorgadas, ya que antes de 2014 no se permitían los intercambios de cuota por especie. La decisión judicial afecta a casi un centenar de barcos, la mayoría de ellos gallegos, de los cuales poco más de una docena tiene menos de 100 toneladas de registro bruto (TRB). Los 80 restantes son de más tonelaje y tienen como puerto base Celeiro, Burela y Vigo.
Fuentes de los armadores gallegos mostraron su sorpresa ante la decisión judicial, conocida el martes. Según indicaron a este diario, consideran "poco realista" el recurso de una entidad -en referencia a Arpacan- que solo pretendía acceder a las posibilidades de pesca en la zona de Gran Sol. La apelación supone un grave perjuicio para la mayoría de los barcos que apostaron hace casi tres años por modificar la gestión de las cuotas de las que dispone España en los caladeros europeos de Gran Sol y el golfo de Vizcaya, porque la anulación de la administración conjunta supone para los buques de más de 100 toneladas perder las cuotas y los derechos adquiridos a los barcos con TRB inferiores. Y estos últimos -palangreros de fondo- tendrían que volver a lo establecido por la normativa de 1981, por lo que perderían sus posibilidades para capturar merluza en el golfo de Vizcaya, donde los días de pesca y el esfuerzo priman sobre las cuotas individuales por embarcación, al contrario que en aguas de Gran Sol.
La flota de altura criticó en 2014 que la unificación de los censos permitía a los palangreros de menor porte, que ya contaban con merluza, aumentarla y desarrollar además nuevas pesquerías de especies profundas, pero Arpacan fue la única organización que recurrió.
La Secretaría General de Pesca convocó una reunión para principios de mayo en la que la flota espera que el Gobierno aclare cuál es la situación de este centenar de barcos afectados y qué va a suceder a partir de ahora, especialmente con las cuotas transferidas y las operaciones en trámite.
