La CE denuncia la venta de productos de origen dudoso entre países de la Unión

Un informe denuncia que la rigidez de las normas de pesaje y transporte dificulta su ejecución y que los barcos menores de doce metros soportan una "carga injustificada"

30.04.2017 | 02:01
Subasta de pescado en una lonja gallega.

La Comisión Europea (CE) denuncia en un informe de control sobre la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) la comercialización de productos de origen dudoso entre estados miembros. La pérdida de trazabilidad durante las primeras ventas y el transporte permite la adquisición de remesas sin verificar previamente su procedencia, a pesar de que el control posterior al desembarque mejoró "significativamente", lo que permitió aumentar la calidad y la fiabilidad de los datos. El dictamen de la CE, dirigido al Parlamento Europeo y al Consejo, asegura que las autoridades de control consideran el transporte como "vehículo ideal" para que se faciliten datos erróneos sobre las capturas.

El Parlamento Europeo ya manifestó en mayo de 2016 su inquietud ante diversos estudios que mostraban niveles "significativos" de etiquetado incorrecto en los productos comercializados en los estados miembros e insistió en la importancia de vigilar el pescado desde su desembarque hasta que llega al consumidor final. Sin embargo, el informe de la Comisión -que se elabora cada cinco años-, indica que un año después la trazabilidad de los productos pesqueros es motivo de "preocupación".

"El sistema de trazabilidad basado en documentos de papel previsto en el reglamento de control no resulta eficaz", recoge el texto. El mal funcionamiento del registro e identificación de los productos a través de los sistemas tradicionales incentivó a los estados a desarrollar sus propios mecanismos electrónicos de manera voluntaria. Sin embargo, cada país enfoca de manera diferente estos sistemas de control y los elabora sin tener en cuenta el desarrollo de elementos similares en otros estados, por lo que dificultan el intercambio de datos, los controles cruzados y la validación entre los propios países. A esto hay que añadir la reticencia de los estados, la Comisión y la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) a poner en común la información que recaban. Con respecto a estos tres organismos, el dictamen también constata que sus funciones y responsabilidades no están claras, lo que conlleva que se realicen actividades similares por duplicado.

El texto asegura, además, que las solicitudes de confidencialidad suponen una traba para la recopilación de información que pueda emplearse en la gestión de, por ejemplo, la cooperación de los guardacostas entre los diferentes estados de la Unión Europea y evidencia que algunas normas del reglamento de control relacionadas con la recogida y el intercambio de datos no son lo suficientemente claras, lo que dificulta su cumplimiento.

La Comisión Europea considera, por otra parte, que las normas específicas que se aplican a los buques de menos de doce metros de eslora no son apropiadas, algo que corroboran las pesquerías de menor tamaño al denunciar que las desigualdades y la rigidez del reglamento suponen una "carga injustificada" sobre todo para los sectores más afectados por la crisis.

En cuanto a los buques de menos de diez metros, según el texto, los estados miembros no realizan una vigilancia adecuada de su actividad al no exponerlos a un muestreo en el momento de la descarga y no obligarlos a llevar un cuaderno diario de pesca. Las leyes relacionadas con la obligación de desembarque, además, no son apropiadas, por lo que la Comisión considera en el informe que se debería hacer una mejor gestión de la normativa al respecto. Como ejemplo, cita la obligación de controlar las capturas por debajo de la talla mínima a efectos de conservación y no directamente para consumo humano.

Los operadores industriales y los pescadores denunciaron también la rigidez de algunas leyes referidas al pesaje, el transporte, la notificación previa o los plazos de envío de las notas de venta, que resultan difíciles de aplicar y dificultan su cumplimiento.

El reglamento de control permitió simplificar la comunicación y redujo la carga administrativa, aunque en ocasiones la Comisión debe interceder entre los estados miembros para aclarar las obligaciones que estos interpretan de forma diferente. El dictamen asegura que se esperaba que el empleo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de sistemas electrónicos de información sobre la pesca y el intercambio de datos disminuyesen la carga administrativa, pero esta reducción no se hizo "plenamente visible". Las autoridades públicas son las que obtienen más beneficios y las que más reducción de costes experimentaron, aunque la información disponible no permite cuantificarlos.

La Comisión Europea concluye que los retrasos en la aplicación de las disposiciones se deben a la complejidad de las normas y la cantidad de tiempo necesario para que se lleven a cabo. Además, asegura que el régimen de control debe adaptarse mejor a la PPC -sobre todo en lo referido a la obligación de desembarque y la concordancia con las políticas ambientales y comerciales- y ser más flexible y claro con las disposiciones relativas a la trazabilidad, sanciones e intercambio de datos.

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