Los exmarinos, más cerca de Estrasburgo tras rechazar un juez noruego su derecho a pensión

La asociación que representa a los 8.000 gallegos que exigen a Olso su jubilación quieren llegar al tribunal de derechos humanos - Long Hope recuerda al ministro Dastis sus promesas de ayuda

01.05.2017 | 01:35
Una de las protestas de la asociación Long Hope en María Pita.

La asociación de exmarinos españoles en Noruega Long Hope ha perdido, como ya esperaba, la primera batalla, pero se siente más fuerte que nunca para la guerra legal que mantiene contra Oslo en demanda de las pensiones de jubilación que el país les niega pese a reconocer que trabajaron en el país y pagaron impuestos.

Un juzgado de primera instancia de Oslo acaba de dar la razón al Estado noruego en el proceso civil en el que Long Hope defiende los derechos de 12.000 exmarinos españoles (8.000 gallegos) que estuvieron embarcados en la marina mercante de ese país nórdico y pide el pago de sus pensiones. El abogado de Long Hope, Øivind Østberg, anunció que la sentencia será recurrida y que tratará de llevar el caso directamente al Tribunal Supremo noruego, en virtud de una regla especial de las leyes procesales de ese país.

Los marinos, embarcados en la flota noruega desde 1948 a 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo), fueron obligados por ley a pagar hasta el 30% de su salario bruto en el impuesto sobre la Renta, pero como el país escandinavo no los reconocía como residentes y por lo tanto, no les permitía ni cotizar a la Seguridad Social ni beneficiarse de ella, por lo que no cobran la pensión.

La defensa de los querellantes -212 marineros o familiares y Long Hope, la asociación que los representa- insistió en el juicio a primeros de mes en que los marineros sufrieron diferencia de trato, porque a los noruegos embarcados en los mismos buques no se les exigió tener residencia. Los demandantes alegan, como sostiene el profesor y abogado Xosé Manuel Carril, que Noruega conculca el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos al discriminar a los españoles por razón de nacionalidad. Por eso el objetivo de la asociación es llevar este caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Para ello, antes, como particulares, tienen que agotar antes la vía judicial ante Noruega.

La sentencia rechaza la violación de los derechos humanos o que se haya conculcado la Constitución u otras reglas, resaltando que los marineros no tenían esperanza justificada de recibir pensión, ya que no estaban incluidos en las leyes sobre pensiones y no cotizaron.

El fallo reconoce que los marinos españoles pagaron impuestos, al igual que los noruegos, aunque considera que su situación no es comparable porque existen "grandes diferencias".

"El tribunal da especial importancia a que los marineros españoles (y sus patrones), al contrario que los marineros noruegos (y sus patrones), no han pagado cotizaciones al sistema nacional de pensiones ni al régimen especial para marineros", dice el fallo, que obliga a cada parte a abonar sus costas.

Los demandantes presentaron abundante documentación de los archivos nacionales de España y de Noruega que acreditan que tributaron allí, así como el convenio de doble imposición entre ambos países.

Basándose en documentación del trámite parlamentario previo a la adopción de la ley de pensiones en 1966, afirmaron haber sufrido una discriminación por motivos económicos, con el objetivo de ahorrarles gastos a los armadores noruegos para poder ser competitivos.

Østberg considera la sentencia de "débil" y "extraña", y resalta como "infrecuente" que el juez coincida con el Estado en que el caso no debía acabar en los tribunales al no haber resolución administrativa previa, para luego analizar el fondo del asunto. La "debilidad" del fallo se muestra en los "grandes problemas" que el juez ha tenido para encontrar "argumentos jurídicos sólidos", sostiene Østberg, quien resalta que siguiendo esa lógica, cualquier criterio pudo ser aceptable para dejar a un grupo fuera del sistema de pensiones, lo único que cuenta es si cotizaron o no.

"Son los intereses económicos del Estado noruego los que dominan el punto de vista del gobierno, y en consideración a estos, el juez no se ha atrevido a usar la jurisprudencia existente", afirmó.

El portavoz de Long Hope, que lleva más de 70 protestas en Galicia, Madrid y Bruselas, Alberto Paz, advierte tener "la moral más alta que nunca". La asociación nunca esperó ganar este juicio, pero cree que la sentencia deja clara la "negligencia" de la Justicia noruega, "bastante peor que la española". La desestimación de la demanda faculta a la asociación a saltarse una instancia en su recurso y apelar directamente al Tribunal Supremo noruego, lo que la acerca a ese requisito de agotar la vía judicial noruega antes de acudir a Estrasburgo. Alberto Paz recuerda al Gobierno que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, les prometió adoptar "medidas jurídicas" si este juicio salía mal. "Que cumplan su compromiso y acudan como Estado a Estrasburgo, que ellos sí pueden hacerlo directamente", dice Paz.

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