Creo no equivocarme si digo que el sector pesquero nunca ha considerado que la Política Pesquera Común (la famosa PPC) podría significar una panacea a los muchísimos problemas que le afectan desde que España entró en la vía muerta de la Unión Europea.

Ejemplo: en el reparto de TAC y cuotas, siendo España la principal potencia pesquera europea, dispone este año de una mísera cuota de 29.000 toneladas de xarda cuando, sin embargo, Noruega, con una flota muy inferior y con la quinta parte de los habitantes que tiene España, se ha hecho con 500.000 toneladas de la misma especie.

¿Equidad?

Noruega no es un estado miembro, aunque lo aparente dada su condición de país "asociado".

En base a la aplicación de la PPC, la Unión Europea deja en manos de los estados miembros el reparto entre sus -en el caso de España- comunidades autónomas y, el Gobierno central, por un acuerdo más que discutible -logrado hace unos años y que las autoridades judiciales ya han sancionado por su desequilibrio tras el recurso presentado por Asturias- que distribuye a su libre albedrío de forma que, en el caladero Cantábrico Noroeste, prima el reparto por unos derechos históricos en los que la comunidad autónoma con más barcos y marineros, Galicia, recibe prácticamente lo mismo que la vecina Asturias (que tampoco recibe lo que precisa).

De esas 29.000 toneladas, las embarcaciones del País Vasco pueden pescar el 48%, Cantabria el 25%, Asturias el 14% y Galicia el 17%. Indudablemente, un mal reparto de las cuotas que hace que el sector esté de uñas con la Secretaría General de Pesca y, de paso, con la Consellería do Mar de la Xunta.

El pescador artesanal gallego, al que la Comisión Europea ignora olímpicamente, siempre pierde en este envite y todos aquellos otros de características similares porque la inmensa mayoría de sus barcos carecen de esos derechos históricos que, sin embargo, se les otorgan gratuitamente y por arte de bilibirloque a Cantabria y País Vasco. De nada sirve el recurso habitual de culpar "al sector" de tal estado de cosas. Los que aprobaron ese sistema de reparto se equivocaron en su momento. Pero la Secretaría General de Pesca no puede mantener indefinidamente la persistencia en el error. Si en la UE debe promoverse la desaparición del reparto por TAC y cuotas (un sistema que muy probablemente no se aplica adecuadamente), en España debe promoverse la salida de ese otro sistema que premia unos derechos históricos que se basan en la falta de historia, de tal forma que aquel barco que en uno o dos años no ha pescado caballa se queda sin derecho a pescar esta al tercer año porque carece de "históricos" que avalen su trayectoria. No les extrañe que los pescadores artesanales reclamen que este segmento de flota quede libre de TAC y cuotas.

Como Jorge Luis Borges dijo un día: "Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos".

Y se quedó tan tranquilo.