El Gobierno autorizó ayer una ayuda de 8,3 millones de euros para la armadora Calvopesca, con la que cumple una sentencia favorable a esta empresa coruñesa y pone fin a años de litigio e investigaciones relacionadas con el registro de sus buques pesqueros en terceros países. La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, recomendó en 2013 que se investigase a la compañía, que había recibido una subvención de cuatro millones de euros por registrar a dos pesqueros en un país no comunitario para faenar en el Índico. La OLAF aseguró que estos empezaron a pescar antes de tiempo y que cambiaron sus banderas, a lo que la empresa replicó que contaba con "todos los permisos necesarios" para realizar el cambio del Índico al Pacífico.
El Ministerio, tras recibir la recomendación europea, inició un procedimiento de recuperación financiera de la ayuda que recurrió Calvopesca, a la que la Audiencia Nacional dio la razón en 2015.
