El cerco exigirá que Pesca le indemnice por el plan de gestión de 2013 que anuló la Justicia

Los barcos que comparten cupos estudian las "pérdidas de capturas" ocasionadas durante la vigencia de la orden que regulaba la pesquería en el Cantábrico Noroeste

23.06.2017 | 01:41
Dos cerqueros salen a faenar en una jornada de pesca.

El Gobierno acata la última sentencia del Supremo que desestima los recursos de casación

La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) solicitará compensaciones al Gobierno por las pérdidas económicas causadas por el plan de gestión del Cantábrico Noroeste de 2013, anulado por la Audiencia Nacional en 2015 en una sentencia que es firme después de que el Gobierno renunciase a interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo recurrió inicialmente la sentencia, pero el Alto Tribunal desestimó la apelación. El portavoz de la asociación gallega, Andrés García, explicó que a raíz de esto, pedirán "indemnizaciones".

La Audiencia Nacional anuló la orden de 2013 que regula la pesquería en el Cantábrico Noroeste porque carecía del dictamen previo del Consejo de Estado y consideró que la de 2014 tampoco tenía validez porque modificaba la anterior. El Ministerio de Pesca elaboró un nuevo plan de gestión en 2015 que el sector ya recurrió aunque sigue vigente. La Administración prepara una nueva orden para regular la pesca en el caladero que prevé presentar a finales de año.

El Gobierno interpuso un recurso de casación inicial ante la anulación de la norma de 2013 que el Tribunal Supremo desestimó porque consideró que no era un reglamento "autónomo e independiente". Ahora, y ante el resultado negativo, la Abogacía del Estado desiste de apelar de nuevo. En concreto, los recursos de casación respecto a los que renuncia el Ejecutivo son uno de Acerga, uno de la empresa Cabaliño S. L. de Burela, otro del Principado de Asturias y otro más de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias.

El anuncio del Ejecutivo llevó a los armadores de Acerga a iniciar un procedimiento para reclamar la responsabilidad patrimonial -respuesta ante los daños causados por la Administración- del Ejecutivo. La asociación considera que las órdenes ministeriales que contenían los planes de 2013 y 2014 supusieron una "pérdida de capturas" para sus pesqueros, sobre todo de jurel, una de las especies principales para este segmento de la flota.

Los armadores resaltan que las normas generaron "mucha conflictividad" en el propio cerco debido al reparto de especies por buque en función de los registros históricos de capturas, que ellos consideran discriminatorio -Acerga reclama una distribución de los cupos por embarcación y tripulante- y lamentan que los barcos tuviesen que parar al terminar algunas cuotas antes del fin de campaña para no sobrepasarlas.

La asociación cuantificará las pérdidas ocasionadas por la vigencia de estas normas y solicitará compensaciones. Los cerqueros también analizarán las sanciones impuestas a los buques al amparo de estas normas para reclamar su anulación y solicitar el reintegro de los importes abonados.

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