La Guardia Civil imputa a siete personas como presuntas responsables de la intoxicación alimentaria por histamina de 105 consumidores tras ingerir atún de una empresa del Levante de Almería. Los acusados están imputados por un delito contra la salud pública, otro de falsedad documental y uno relativo a los consumidores. Algunas de las comunidades afectadas por este compuesto fueron Castilla y León, País Vasco, Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía y Murcia, aunque también llegó a Alemania, Francia, Italia y Portugal.

La investigación se inició tras una alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía retirase dos lotes del mismo proveedor del mercado. La Guardia Civil inspeccionó las instalaciones de la empresa y constató que había hasta seis lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.

Los agentes comprobaron que existía una falta de control en la trazabilidad, ya que las etiquetas encontradas no coincidían con el número de lote que figuraba en el albarán o factura y la firma facilitaba a algunos de sus comprados resultados analíticos sobre el estado del atún basados en informes manipulados. La Guardia Civil también verificó que las etiquetas recogían información dirigida a los consumidores en la que no se reflejaba la verdadera zona de captura de los atunes ni las artes empleadas, ya que se indicaba que era de palangre, sedales y anzuelos cuando en realidad era de cerco.