Cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento oficial. Estos son los tres delitos en los que se indaga en el marco de un operativo desplegado desde la madrugada de ayer por la Guardia Civil en el puerto pesquero de Vigo y que, precedido por varios meses de pesquisas, ha derivado en el arresto de seis personas, cuatro de ellas policías portuarios, un empleado de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) y una persona presuntamente vinculada a la lonja.

Los principales investigados en este caso sobre presunta descarga y venta ilegal de pescado que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, Juan Carlos Carballal, son agentes portuarios que realizaban funciones de jefes de servicio en la lonja de O Berbés y que supuestamente habrían tenido un papel relevante en el entramado avisando de inspecciones que se iban a realizar y recibiendo a cambio de ello -por parte de los armadores de barcos a los que favorecían- regalos que consistirían en cajas o piezas de pescado. Una mercancía que después estos policías presuntamente revenderían en el mercado negro, repartiéndose los beneficios entre ellos.

Tres de los arrestados -dos de estos agentes y el trabajador de ARVI- pasarán en la mañana de hoy a disposición judicial. Los otros tres quedaron en libertad ayer tras comparecer ante la Benemérita. La Autoridad Portuaria colaboró en las pesquisas.

Aunque las detenciones se llevaron a cabo en la jornada de ayer, la investigación ya llevaba un recorrido de varios meses y, entre otras diligencias, los guardias civiles encargados de las pesquisas practicaron vigilancias y hubo pinchazos de teléfonos. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), las indagaciones se centralizaron en un grupo de personas del puerto vigués que venía dedicándose presuntamente a la venta ilegal de pescado, tanto de especies no permitidas como de otras en las que el objeto de la comercialización irregular eran piezas de tamaños no autorizados.

Las personas con una participación más importante en el engranaje de esta acción delictiva serían, según se desprende de las pesquisas, algunos jefes de servicio de la Policía Portuaria (cabos) que realizan su servicio en la lonja. De ellos, ahondan las fuentes, depende el control de la actividad de descarga de la pesca fresca en la lonja -lo que repercute en el pago de tasas a la Autoridad Portuaria-, impartir las órdenes a los demás agentes portuarios que desarrollan su labor en este lugar y supervisar la entrada y salida de personas al recinto portuario.

En lo que respecta a los otros dos detenidos, el empleado de ARVI es un capataz que se encarga de gestionar las cajas y, por ende, las descargas. Mientras, el empleado de la lonja actuaba como intermediario en la entrega del pescado usado como regalo y a veces se encargaba también de su venta.

De la investigación hasta ahora realizada se deduce que los policías investigados participaron supuestamente en la actividad delictiva avisando de las posibles inspecciones que periódicamente practican los inspectores del Ministerio de Pesca, los de la Xunta de Galicia y la propia Guardia civil.

Por esta presunta colaboración que permitiría descargar y comercializar las especies o tamaños no permitidos, los armadores de los barcos les darían regalos en forma de cajas de pescado -o piezas de pescado de gran valor- que luego "revendían en el mercado negro", repartiéndose, afirma el TSXG, "pingües beneficios" (lo que en el argot es conocido como chupa).

La investigación fue más allá. Las mismas fuentes oficiales explicaron que también depende de estos policías el reparto de los huecos del interior de la lonja para la colocación de las cajas del pescado descargadas del barco, donde después son subastadas. Por esta actividad "que es inherente a su cargo", también habrían recibido dádivas por parte de vendedores "para aportar mayor cantidad de espacio en la lonja o mejor colocación".

Por todos estos hechos, se investiga la presunta comisión de tres delitos. Uno de ellos es el de cohecho, por la presunta recepción de regalos. Esta figura delictiva, que se recoge a partir del artículo 419 del Código Penal, castiga "a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase [...]".

Otro de los delitos objeto de indagaciones es el de revelación de secretos, en este caso por los supuestos chivatazos sobre las inspecciones. Y en tercer lugar se atribuye también la presunta comisión de otro ilícito, el de falsedad en documento oficial, ya que en el marco del entramado se habrían falsificado documentos relativos a la descarga de pescado.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el puerto también habría sufrido un gran perjuicio en forma de menos tasas.