España y Portugal propondrán a la Comisión Europea (CE) limitar las capturas de sardina a 14.600 toneladas en 2018 con seis meses de pesca dirigida, según explicaron ayer en Madrid representantes del Ministerio de Pesca al sector y a los portavoces de las comunidades afectadas en una reunión. Los Gobiernos de ambos países ultiman el plan de gestión plurianual (2018-2022) conjunto para regular la pesquería de la especie en aguas ibéricas, que prevén presentar a Bruselas el lunes con el objetivo de esquivar la recomendación científica de vetar su pesca el próximo año.
"Todavía falta por determinar la cantidad que podrá capturar la flota de cada país", explicó el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, que indicó que Portugal reclama el 70% de la cuota y España el 40%, por lo que es necesario acercar posturas a este respecto. El límite este año fue de 17.000 toneladas, con lo que la propuesta para 2018 (14.600) supone rebajar un 14% las posibilidades para capturar sardina en aguas ibéricas.
El representante de la asociación de cerco mayoritaria en Galicia explicó que el plan establece la pesca dirigida -orientada a la especie- durante seis meses, desde mayo hasta el 31 de octubre, y permitirá las capturas accidentales en abril. "Junio, julio y agosto, sobre todo, son meses claves para nosotros por el aumento en la demanda y el precio la sardina", concretó García. Los Gobiernos español y luso buscan convencer a Bruselas de que el plan de recuperación de la especie que elaboran permitirá incrementar un 5% anual su biomasa, por lo que establecen medidas "mucho más restrictivas" y controles más exhaustivos. "Con unos criterios en los que tenemos una biomasa que se recupera, podríamos llegar al Rendimiento Máximo Sostenible [RMS, el mayor volumen de capturas que garantiza la sostenibilidad de la pesca a largo plazo] en 2024", aseguró a principios de noviembre el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo.
"La CE quiere un plan serio y la flota lo va a pasar mal, pero sería peor que cerrasen la pesquería", aseguró el portavoz de Acerga. Entre las medidas de control, la propuesta incluye las destinadas a cuidar y conservar los alevines de la sardina, para lo que España y Portugal piden la colaboración activa del sector con el objetivo de poder determinar las zonas que es conveniente cerrar para protegerlos. Precisamente, la ministra de Mar lusa, Ana Paula Vitorino, explicó a principios de octubre que ambos países pretenden conseguir que la tasa de supervivencia de los juveniles aumente para que se incremente la capacidad de pesca y se resuelva el problema del recurso en aguas ibéricas.
García aseguró que, una vez Bruselas apruebe el plan -como espera la flota-, los representantes de los pescadores deberán reunirse con el Gobierno español para determinar los topes semanales o mensuales de capturas que se establecerán según la cantidad de sardina que puedan pescar los barcos nacionales. Además, el sector reclama poder usar la aplicación Gescuotas para controlar mejor el consumo de la especie en aguas ibéricas y evitar cierres inesperados.
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, aseguró que el sector es "perfectamente" consciente de la situación y que "está dispuesto" a asumir los recortes de capturas y las vedas temporales, pero que es necesario mantener abierto el caladero para garantizar la "rentabilidad" de la flota.
