El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Melchior Wathelet, propone dictaminar que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos "no es válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes y afirma que el bloque comunitario "incumplió su obligación" de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental "a la libre determinación". El pacto pesquero puede ser aprovechado por hasta cinco arrastreros gallegos que utilizan las licencias para la pesca de merluza.

La opinión del abogado general es un paso preliminar y no vinculante, aunque suele marcar la dirección de las futuras sentencias del TJUE. El letrado se pronuncia de esta forma sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo de Reino Unido ante la denuncia presentada por la organización Western Sahara Campaing (WSC). El actual protocolo de Pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por cuatro años y fue renovado en dos ocasiones, la última -que no incluye posibilidades para los cefalopoderos gallegos- en 2013. La Comisión Europea pidió este lunes autorización a los Veintiocho para una nueva actualización.

Wathelet destaca que el pueblo saharaui "no dispuso libremente de sus recursos naturales" como obliga el derecho a la libre determinación. El abogado del TJUE señala que el 91,5% de las capturas previstas en el pacto son en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que la contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos "debería beneficiar casi en exclusiva" a los saharahuis. "[El protocolo] no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio [del pueblo saharaui]", añade el letrado.

"El acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales, ni las normas de derecho internacional comunitario que son de aplicación en la celebración de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no reconocer una situación ilegal", concluye Wathelet.