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Control inseguro en el consumo

15.02.2018 | 01:57
Control inseguro en el consumo

El vigente reglamento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y el empeño que España pone en su cumplimiento más o menos a rajatabla no impide que los españoles consumamos pescado de dudoso origen que llega a nuestros mercados a través de países comunitarios que aplican de forma laxa esta norma.

Lo certifican ONG como WWF, Oceana, Pew o EJF en un informe en el que denuncian la existencia de controles poco estrictos en estados miembros de la Unión Europea y de países terceros teóricamente signatarios de ese acuerdo que no dudan en enviar a otras naciones contenedores de pescado sin estudiar su contenido. Esos países afectados por el reglamento señalado inspeccionan o aplican medidas de control a su antojo o conveniencia cuando, sin embargo, dicho reglamento establece que cada uno debe aplicar unas medidas de control que garanticen que todo cuanto entre en el país de destino fue previamente verificado por la trazabilidad y la responsabilidad del exportador.

De poco vale que España sea uno de los estados más cumplidores del reglamento antedicho. Si consideramos que el marchamo de compromiso de los países que aseguran respetar los planteamientos es suficiente y no se les aplican aquí las mismas medidas de seguridad, de calidad y salubridad que se exigen a nuestras exportaciones de pescado y marisco, estamos contribuyendo al crecimiento de la ilegalidad al consumir aquello que se introduce subrepticiamente tal vez por falta de celo en los encargados de verificar el cumplimiento de las medidas de control establecidas para erradicar la pesca ilegal.

Los daños colaterales para la economía local son evidentes. Y los causados por la pesca ilegal en los distintos caladeros no se ocultan a nadie: se pesca dónde y cómo se quiere, en la seguridad de que siempre habrá un país receptor.

En el pasado decenio los mercados europeos recibían medio millón de toneladas de pescado ilegal, no declarado y no reglamentado con un valor aproximado de 1.100 millones de euros. El perjuicio económico para comunidades pesqueras como la gallega y el daño causado a los stocks de peces en aguas supuestamente pertenecientes a países muy dependientes de la actividad está fuera de toda duda.

Máxime si tenemos en cuenta que buena parte de ese pescado capturado ilegalmente accede a los mercados comunitarios a través de puertos significados de países que, como el español, no dudan en aplicar en sus barcos las medidas de control exigidas por el reglamento de lucha contra la pesca ilegal.

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