El refuerzo de la seguridad en el mar se articuló por la vía privada, que tuvieron que sufragar las propias armadoras, y con la asistencia de las Fuerzas Armadas mediante la operación Atalanta, que se despliega en la zona más occidental del océano Índico y que está formada por entre cuatro y siete navíos de guerra y entre dos y cuatro aviones de patrulla marítima.
Este dispositivo, que inicialmente iba a concluir en 2012, fue prorrogado en tres ocasiones y ahora necesita una cuarta para evitar su desmantelamiento el próximo 31 de diciembre. La Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) y la Asociación Nacional de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) reclaman una nueva renovación de la operación que permita alargarla más allá de 2018, para lo que aducen que la presencia de estos buques y de los aviones patrulla permitió reducir de forma significativa la piratería en estas conflictivas aguas.
El balance de los más de nueve años de la operación Atalanta se salda con la neutralización de 261 grupos de piratas armados y el procesamiento de 154 sospechosos de haber participado en estas actividades marítimas delictivas.
