Miles de jubilados españoles han salido a la calle estos días para reclamar del Gobierno soluciones adecuadas a su precaria situación económica y la nula atención por parte de éste a lo que consideran una constante pérdida de su capacidad económica.

Frente a incrementos notables en los precios de elementos necesarios para su pervivencia (gas, electricidad, etc.) la revisión anual de las pensiones de los trabajadores del mar tan solo les depara aumentos que van de los dos a los tres euros mensuales (el precio de otras tantas barras de pan o de otros tantos cafés en el bar de la esquina), lo que ni siquiera les significa un consuelo.

La situación es motivo de comentario permanente en cualquier tipo de reunión en la que esté presente un marinero gallego. Pero aquí, en la reunión de amigos o compañeros, se acaba la acción. No hay unidad con los jubilados de otros sectores, muchos de ellos agrupados en organizaciones sindicales o que sienten más imperativamente la necesidad de exigir pensiones dignas que, cuando menos, signifiquen una pequeña compensación a la dureza de su trabajo de años en un medio siempre hostil como es el de la mar.

Es en estas circunstancias cuando el marinero cae en la cuenta de su desconexión de la realidad diaria no solo de lo que ocurre en otras ciudades o villas, sino de cómo afecta a su sector el incremento del 0,25% en su pensión mensual que, en el caso de la bajura, oscila -más o menos- entre los 800 y los 1.200 euros.

Las cosas han cambiado en los últimos años pero, hasta no hace mucho, la inmensa mayoría de los pescadores artesanales de Galicia no cotizaban más allá de los mínimos reconocidos. Incluso se llegaba a planteamientos absurdos de declaración en cuanto a las TRB de los barcos para que las bases de cotización ni siquiera coincidieran con el Índice de Precios al Consumo (IPC) vigente en el momento. Consecuencia de todo ello son, ahora, esas ínfimas pensiones y los mínimos incrementos de las mismas en la revisión anual que practica el Gobierno de turno.

Por lo que he podido saber, la mayoría de nuestros profesionales de la mar (sector pesca) cotizan como pertenecientes al grupo III, que es en el que se encuadran las embarcaciones con menos de diez TRB. De este modo, las pensiones no dan más allá de lo que significa la supervivencia pura y dura, paliada ésta en sus efectos por la aportación que a la economía familiar pueda hacer la cónyuge, el pequeño huerto y el evitar gastos mayores hasta donde se puede.

El sector pesquero apenas ha dado respuesta a esa necesidad de cotizar para que, posteriormente, los cotizantes pudieran disponer de una pensión que les pudiera permitir sino una vida holgada, sí al menos que ésta pudiera ser llevadera.

Cotizar por debajo de lo que corresponde a las bases fijadas por los TRB de cada barco trae consecuencias nefastas. Y a pesar de que hay organismos que plantean la posibilidad de solicitar anualmente aumentos de entre el 5% y el 10% en dichas bases de cotización, es el propio sector el que obliga de algún modo a la rectificación para que el citado incremento ni siquiera supere el 2%.

Aquí sí hay unión. Y después viene el mesarse los cabellos porque con 800 euros de pensión de jubilación no puede vivir un matrimonio jubilado.

Ni siquiera tienen el consuelo de esperar una subida acordada en Consejo de Ministros que supere los dos o tres euros mensuales.

Nuestros lobos de mar ya no muerden. Tienen la dentadura postiza.