01 de abril de 2018
01.04.2018

Leyes aplicadas con calzador

04.04.2018 | 01:55
Leyes aplicadas con calzador

Desde 2008 no hace sino crecer la brecha entre los estados miembros de la UE y las capturas de peces efectuadas por ellos. Esta divergencia ha significado la pérdida de más de 2.400 millones en cuotas infrautilizadas.

Así lo estima un estudio de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), la mayor entidad pesquera de Europa, según el cual entre 2008 y 2016 la UE dejó sin pescar 1.387.155 toneladas adjudicadas. Una media anual de 154.000 toneladas.

Lo más llamativo de este estudio es que el citado periodo de nueve años coincide con el desguace de centenares de buques y la pérdida de más de 31.000 tripulantes. Pero nadie hasta ahora, al menos oficialmente, se ha preguntado -como hacen los armadores de ARVI- si no es momento de que la UE cambie el sistema actual de gestión pesquera y el criterio de reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) contra el que el sector pesquero español (particularmente el gallego) clama para corregir ese desequilibrio.

Hace años que decimos en esta página que el vigente modelo de reparto de cuotas perjudica de forma notable a España. Y el informe de ARVI lo confirma y documenta: ese modelo supondrá nuevos desguaces de buques que podrían seguir pescando dentro de ese amplio margen de capturas perdidas y, por tanto, evitarían más pérdidas de empleo a bordo y un reparto más equitativo de las posibilidades de pesca entre países. Para ello son precisas nuevas herramientas que sustituyan el modelo tradicional de negociación de la Política Pesquera Común (PPC) en la que han metido con calzador la ley de descartes cero que nadie quiere y que cada día está más cerca de entrar en vigor.

La UE es poco dada a los cambios y opta por arremeter contra los intereses pesqueros de la mayoría de países miembros sin que estos se opongan a ello. Da la impresión de que este será también el camino que siga la propuesta de ARVI en el sentido de que Bruselas establezca una norma que permita completar las cuotas adicionales de los estados miembros empleando una fórmula según la cual sean de aplicación sistemas anuales de alquiler o cesión voluntaria de cuotas no usadas. De este modo no solo se reduciría la brecha que provoca pérdidas de pesca, de barcos y puestos de trabajo sino que, en poco tiempo, se podría sellar definitivamente.

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