El ex alcalde Ramón Rodríguez Ares (PDSP) considera "una mala noticia para Sada" la decisión del Tribunal Supremo de anular de forma definitiva el plan parcial que permitiría el desarrollo de la urbanización Porto Infanta, ya que la resolución judicial "priva al municipio de una fuente de riqueza importante": "Sólo en licencias era mucho dinero para el Concello".
Porto Infanta fue proyectada muy cerca de las playas de Arnela y Morazón como un macro complejo residencial de 469 viviendas que en una segunda fase dispondría además de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre. La actuación fue promovida por una filial del Banco Pastor, la Sociedad General de Terrenos y Edificios, pero la Plataforma en Defensa da Ría de Sada recurrió la aprobación del plan parcial necesario para desarrollar la urbanización, un documento que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en noviembre de 2004. Ahora el Supremo confirma la decisión del TSXG, al desestimar el recurso de casación presentado por la promotora.
El ex alcalde sadense insistió ayer en que la urbanización contaba "con todos los informes necesarios" y en que éstos eran "favorables" a la actuación, por lo que asegura no entender la decisión de los jueces. "Su fallo hay que acatarlo, pero lo del impacto ambiental y el efecto pantalla no es así. Creo recordar que los edificios eran de cuatro alturas y dejaban ver el mar desde la carretera. Impacto ambiental lo producen los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol, o el gran edificio situado frente a la Diputación en A Coruña (Puerto Centro de Ocio)", subrayó Rodríguez Ares.
Para el concejal del PP Fernando Ramos, que acata "con el máximo respeto" la sentencia del Tribunal Supremo, Porto Infanta era un proyecto "mal planteado", pero que suponía "una oportunidad para Sada". "El fallo reitera lo dicho por el TSXG en lo que respeta a la Ley de Costas, ya que quizás la edificabilidad era excesiva para esa zona, pero el proyecto generaría riqueza y puestos de trabajo, algo que el PP y el PDSP siempre buscaron. Esperamos todavía a que el Gobierno local presente sus propuestas y algún proyecto", comenta Ramos.
El edil de la Agrupación Sada Unida (ASU), David Brandariz, considera la sentencia "previsible". "Porto Infanta suponía la continuación del núcleo de Fontán, pero su densidad edificatoria era mayor y eso no encajaba con las directrices (de la Ley de Costas)", comenta. En cuanto a la intención del Gobierno local de que el futuro plan urbanístico permita la creación en este lugar de una gran zona verde, Brandariz recordó que debe negociar con el dueño de los terrenos, la filial del Banco Pastor. "Por lo menos si quieren una zona verde pública sólo tienen que contactar con un propietario. Es una oportunidad", añadió.
El no adscrito Fernando Illanes coincide con Brandariz a la hora de afirmar que la resolución del Supremo sobre Porto Infanta era "previsible" y una decisión "que hay que acatar y respetar".
La Ejecutiva local del PSOE cree que el fallo del Supremo confirma que la política urbanística del anterior alcalde, "basada en la especulación y el ti vai facendo", tiene "graves consecuencias" para la localidad y recuerda el caso del edificio de la avenida de As Mariñas sobre el que pesa una orden de demolición parcial.
"El proyecto estrella de Rodríguez Ares se ha estrellado y por ello exigimos su comparecencia pública, para que asuma su responsabilidad política, ya que si bien ha dejado su acta de concejal, ha manifestado públicamente que está valorando volver a presentarse a las próximas elecciones", reclaman los socialistas.
El PSOE, socio de gobierno del BNG, confía en que el futuro urbanístico de Sada esté "amparado" por un Plan General de Ordenación Urbana (PGOM) -en fase de redacción- que servirá "de guía y amparo legal" para que "no se repitan estas situaciones que conllevan importantes costes para las arcas municipales".
Una sentencia "trascendente"
Para el BNG, la sentencia supone "una apuesta clara del Tribunal Supremo por la sostenibilidad medioambiental y paisajística en la planificación urbanística en la zona de influencia de los 500 metros". En opinión de los nacionalistas, los redactores del futuro Plan de Ordenación del Litoral y la propia Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras deberían "leer detenidamente el fallo judicial y tenerlo muy en cuenta".
El Bloque hace hincapié en que es "la primera vez" que el Tribunal Supremo anula un plan de urbanismo por incumplir lo recogido en la Ley de Costas en cuanto a la prohibición de formar pantallas arquitectónicas y la acumulación de volúmenes en la zona de influencia de medio kilómetro desde la orilla del mar, por lo que opina que la sentencia de la sala es "de especial trascendencia".
