Cristina Rabón Blanco asegura que cuando accedió al cargo de concejal en Abegondo consideró que no era ético que la empresa que dirige junto a su marido, Sendero y Ocio, mantuviera el contrato por el cual impartían clases de patinaje a los escolares en el pabellón municipal. La edil explicó que le parecía más correcto desvincularse de este servicio. Algo que, según todos los implicados en la operación Patín, no consiguió.

Tanto las denunciantes como los imputados relataron ante la magistrada que instruye el caso que la que "hacía y deshacía" en esta actividad hasta la fecha de las detenciones era la concejal de Cultura y Deportes. La diferencia es que, mientras unos alegan que lo hacía con el consentimiento de las nuevas dirigentes del Club de Patinaje, éstas aseveran que ni siquiera sabían que pertenecían a él.

Las dos monitoras de patinaje, la madre de un alumno y una ex amiga de la edil componen la acusación. Sostienen que Rabón Blanco utilizó fotocopias de sus carnés de identidad y falsificó sus firmas para crear el club de patinaje con el que continuar impartiendo la actividad sin que figurara su empresa. Así, la edil habría redactado unos estatutos en los que una de las profesoras aparece como presidenta y su amiga, como tesorera. Además, abrió una cuenta en una sucursal bancaria de la capital municipal en la que realizaba movimientos a pesar de no ser ni titular ni persona autorizada.

Las denunciantes aseguran que la concejal nunca consultó estas actuaciones con ellas y que las descubrieron de casualidad.

Rabón Blanco no comprende qué motivos hay detrás de la denuncia, ya que garantiza que actuó "de buena fe" para ayudar a las monitoras a crear el club con el objetivo de que pudieran seguir dando clases y cobrando, ahora que su empresa dejaba el servicio. De hecho, cuenta que en mayo se celebró una reunión en la que estaban presentes las cinco para decidir todas las cuestiones relativas a la constitución del colectivo.

Otra de las imputadas, María del Mar Iglesias, confirmó ante la magistrada la existencia de esa reunión, aunque la sitúa en abril. La que más tarde se convirtió en tesorera asegura que también asistió al encuentro, y mantiene que en él las denunciantes facultaron a la edil "para que hiciera y deshiciera lo que quisiera". También avala la versión de la concejal de que una de las monitoras tenía una participación activa en el club, ya que se encargaba de presentar las facturas en el Ayuntamiento.

De ser así, es curioso que otra de las imputadas, Noelia Carro -que fue introducida como secretaria por Rabón Blanco en los estatutos del club en noviembre-, nunca conociera al resto de mujeres que formaban parte de la junta directiva. En su declaración del lunes en los juzgados va más allá: explicó que entendía que quien coordinaba el colectivo era la concejal, que ésta nunca le habló de otra presidenta y que jamás la vio llamar a las monitoras para nada.

"Lo que me costó esto fue dinero y tiempo", defendió la edil de Cultura ante la juez. La única explicación que, según declaró, encuentra a la denuncia es que "por detrás de los denunciantes anduvo alguna persona" que "les metió cosas en la cabeza".