La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio, ha decretado el derribo de dos edificaciones ilegales construidas en las parroquias de Suevos y Morás. Así lo ordena en una cédula expedida el pasado 17 de marzo y publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la que informa a los interesados de que esta resolución pone fin a la vía administrativa.
El primero de los inmuebles, en el núcleo de Portiño, fue construido en zona de protección costera. La Xunta ordenó su derribo en 2001 y, ahora, ha decretado la demolición subsidiaria a cargo del propietario. La segunda edificación fue construida en la localidad de Santa Icía y su propietario acumula ya tres multas coercitivas por eludir la orden de demolición.
A estos dos apercibimientos se suma una notificación judicial que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) remitió al Concello el pasado mes para que se emplace en la causa promovida por un particular contra la orden de derribo de su vivienda de Barrañán, levantada en zona costera.
Estos tres casos elevan ya a una decena las órdenes de derribo decretadas en los últimos dos años a edificaciones que fueron construidas infringiendo la legalidad. En varios casos, la orden derivó en un proceso judicial interpuesto por los dueños, que defienden que los inmuebles disponían de los preceptivos permisos municipales.
Entre los años 2008 y 2010 la Justicia ha decretado el derribo de cinco viviendas en las parroquias costeras de Chamín y Barrañán, dos de las localidades que han experimentado un crecimiento "más caótico", según admiten los responsables municipales. Fue precisamente en Barrañán donde en noviembre de 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, organismo que se constituyó en abril de ese mismo año, logró el derribo del primer edificio ilegal de la comunidad, en aquella ocasión a través de diversas multas coercitivas que forzaron finalmente al propietario a ejecutar la demolición.
En otros casos, en cambio, los fallos judiciales y los decretos autonómicos se topan con la férrea resistencia de los dueños a demoler sus edificaciones. Sus propietarios, en más de un caso, sostienen que su vivienda fue construida amparada por los preceptivos permisos municipales y exigen una indemnización. A este grupo pertenece una de las últimas viviendas en el punto de mira de la Justicia. Se trata de una casa de Chamín, construida sobre suelo no urbanizable de protección agrícola con la autorización del Concello. El Superior ha ordenado su derribo y, ahora, sus propietarios han interpuesto una reclamación patrimonial al Ayuntamiento.
