Con el objetivo de buscar soluciones a la actual situación social y económica de la comarca con una visión diferente a la de los grandes despachos y más cercana a la ciudadanía, el economista Javier Sánchez López ha creado en Cambre un foro social para el que espera contar con la participación de los empresarios y políticos de la zona.

El encargado de inaugurar este espacio de reflexión y debate fue el ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2006, Jordi Sevilla, que veranea desde hace 27 años en el municipio, donde reside la familia de su mujer.

El acto estuvo respaldado por representantes socialistas como el presidente de la agrupación local, Augusto Rey, el presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda, el presidente provincial del PSOE, Moisés Rey, o los concejales de Transportes, José Francisco Parcero, y de Promoción Económica, Ángeles Míguez. Fue destacada la ausencia del alcalde, Antonio Varela, que estaba invitado a la cita.

Jordi Sevilla presentó el foro como un referente del camino que debe emprender la sociedad civil para contribuir a diseñar el futuro en esta época de crisis, de la que está convencido que el país está saliendo. Sostiene que es el momento de dejar los intereses partidistas a un lado y alcanzar acuerdos en los ámbitos que necesitan ser reformados, como el judicial y el empresarial.

El ex ministro fue claro en su rechazo a los recortes estatales: "Se le fue la mano al congelar las pensiones y en el recorte de inversiones; mató moscas a cañonazos". Sevilla recomendó "ajustarse el cinturón sin matar al paciente", lo que tradujo en "ahorrar sin matar el crecimiento". Apostó por reducir costes y prestar más atención a la innovación, así como emprender una reactivación del crédito a las empresas. También sugiere reducir las cotizaciones y buscar otro sistema de financiación para las pensiones.

Con respecto a la deuda que ahoga a muchos concellos, considera que se deben definir las competencias y colaboraciones entre olas administraciones e iniciar un debate sobre los ingresos públicos para buscar nuevas vías de financiación que no incurran en el déficit. Apoya para ello la subida de los impuestos y explica que habrá que estudiar el reparto de la carga tributaria para que todos los ciudadanos paguen, pero en función de sus posibilidades. Rechaza que con la reorganización de la administración local y provincial se puedan ahorrar costes, pero considera que las Diputaciones deben perder su poder político para centrarse sólo en la prestación de servicios.