El Defensor del Pueblo acusa en su último informe, correspondiente a la actividad desarrollada a lo largo del año pasado, a los ayuntamientos de A Laracha, Pontedeume y, sobre todo, de Abegondo, de obstaculizar su labor de control a las administraciones públicas. En el caso del municipio dirigido por José Antonio Santiso, la institución estatal subraya que ni siquiera contestó a su sugerencia.
"Un año más, esta institución debe dejar constancia de los retrasos y la falta de diligencia de algunas administraciones en garantizar la legalidad urbanística en sus municipios. Especialmente llamativo es el caso de las actuaciones contrarias a la normativa urbanística que son calificadas por los ayuntamientos de 'escasa entidad", subraya el informe del Defensor del Pueblo, justo después de poner a Abegondo como ejemplo de administración "entorpecedora" de su labor, pues el Ejecutivo municipal hizo caso omiso a sus recomendaciones.
Según se recoge en el anuario de 2009, el Defensor del Pueblo propuso al Gobierno municipal que notificase al interesado si había incoado o no un expediente sancionador a raíz de su denuncia por la realización de una obra sin licencia y, en el caso de que se tratase de una infracción urbanística, obligase al restablecimiento de la legalidad.
La institución formuló la sugerencia en octubre de 2008, pero después de tres requerimientos fallidos al Concello abegondés optó por cerrar el caso en junio del año pasado. El Defensor del Pueblo entiende que cualquier administración debe "reaccionar" cuando se incumple la legislación urbanística y que es "inadmisible" que se actúe en función de la "gravedad" de los hechos.
El caso de Abegondo no es el único de la comarca que aparece en el informe del año pasado. El Defensor del Pueblo destaca que también tuvo que ponerse en contacto hasta en tres ocasiones con los municipios de A Laracha y Pontedeume -ambos gobernados por el Partido Popular- para que atendiesen sus reclamaciones.
Al Ayuntamiento larachés le solicitó que ampliase su informe por una queja relacionada con el cobro "excesivo" para expedir los certificados de empadronamiento. El Concello tardó un año y cuatro meses en contestar. En el caso de Pontedeume, era por el desacuerdo del denunciante con la decisión municipal de negarle a su hijo una plaza en una escuela infantil de la localidad. El Gobierno eumés necesitó seis meses para dar una explicación al Defensor del Pueblo.
El informe de la institución que ahora dirige en funciones María Luisa Cava de Llano también incluye una queja de 271 vecinos de la parroquia de Nantón (Cabana de Bergantiños) para que se ofrezca más información sobre las posibilidades para acceder e instalar las líneas de ADSL en las viviendas.
El Defensor del Pueblo abrió en 2009 otra investigación tras la queja de la Plataforma de Defensa dos Camiños por el plan parcial del polígono de Vilar do Colo, en Cabanas, pues a su entender afecta al Camino Inglés: "No existe deslinde ni delimitación alguna del camino en la zona, con dudas por tanto respecto a su trazado. Parece evidente que existe una senda que actualmente es utilizada por los peregrinos en su ruta hacia Santiago, pero según Sepes (Sociedad Española de Participación Industrial) en absoluto coincide con el trazado histórico". Según el informe del año pasado, la investigación sigue abierta y a la espera de las respuestas de la Sociedade de Xestión do Xacobeo y de Augas de Galicia.
El Defensor del Pueblo también recurrió al Ministerio de Justicia para pedir explicaciones por la queja de un matrimonio que denunció que en Oleiros no podía casarse en gallego porque los libros con que cuenta el Juzgado de Paz están formateados en castellano. "Se dirigió una recomendación al ministro de Justicia (Francisco Caamaño) para que se adopten las medidas oportunas para proveer a los registros civiles, radicados en comunidades autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano, de los medios materiales necesarios para hacer efectivo el derecho reconocido en la legislación", se subraya en el informe del Defensor del Pueblo. El Ministerio de Justicia ya ha rechazado esta sugerencia.
