Con un encierro de cuatro horas, veinte trabajadores de la plantilla del Grupo Servicur en el municipio de Culleredo han conseguido un principio de acuerdo para que la empresa abone las mensualidades y las liquidaciones de los contratos que adeuda.
La peor situación la viven las profesionales de la limpieza que trabajaban para esta compañía en centros cívicos de la ciudad de A Coruña. Todavía no han recibido la notificación de su despido, a pesar de que Servicur esperaba ayer poder iniciar el desmantelamiento de sus instalaciones. Estas mujeres llevan hasta ocho meses sin cobrar y han tenido que aportar material de trabajo de su bolsillo.
Los diez auxiliares que controlaban el acceso de camiones al puerto exterior fueron despedidos el 30 de septiembre de un día para otro. "Querían comunicárnoslo con una llamada, pero les obligamos a enviarnos una carta", relata Alejandro Roa, responsable de seguridad de Comisiones Obreras. A ellos les adeudan dos meses y la liquidación.
Los veinte vigilantes de seguridad que trabajaban en Fadesa o la urbanización Miño, entre otros, han sido recolocados en las empresas que se han hecho cargo ahora de estos contratos.
La compañía alegó a los trabajadores que se ve incapaz de asumir sus compromisos ya que tiene sus cuentas embargadas por el dinero que debe a la Seguridad Social.
Ante la intención de Servicur de iniciar ayer el desmantelamiento de sus instalaciones en la parroquia de Almeiras, la plantilla inició un encierro indefinido para evitarlo hasta que percibieran lo adeudado. La compañía ofreció entonces un acuerdo: después de que la plantilla le entregue un resumen de sus deudas, la próxima semana les entregará a cada uno cheques para que cobren el 15 de noviembre lo que se les debe.
Los empleados aceptaron el acuerdo y volvieron a sus casas cuatro horas después de iniciar el encierro. Sin embargo, hasta que no tengan los cheques en mano, mantendrán la vigilancia de la nave de Servicur para evitar que la empresa recoja el material. En el interior de la nave aún quedan armeros vacíos, para cuya desinstalación se precisa un permiso de las autoridades del que todavía carece. Si los talones no tuvieran fondos, los representantes laborales no dudarán en interponer una denuncia ante la policía.
No es la primera vez que denuncian al grupo empresarial con sede en Bilbao. Ante Inspección de Trabajo hay interpuestas 18. "Se cobraba a mes vencido, no pagaban la seguridad social desde febrero, no había evaluaciones de riesgos laborales...", relata Roa. Ya se han emitido cinco resoluciones, todas a favor de los trabajadores. La empresa también tiene sedes en Lugo y Pontevedra. Los sindicatos explican que en esta última están echando a los trabajadores, pero comunicándoles el despido y aplicando la reforma laboral.
