Un juez paralizó a finales del pasado mes de octubre la orden de derribo que pesa sobre uno de los chalés ilegales construidos en Freixeiro-Nogueirosa, cuya licencia fue concedida en el año 2001 por el por aquel entonces Gobierno local, formado por Partido Socialista (PSOE) y Bloque Nacionalista Galego (BNG), que concedió licencias de obras para ocho viviendas en un suelo rústico de protección costera, pese a los informes desfavorables de la secretaria municipal sobre cuatro de las edificaciones.
El concejal de Urbanismo, Eugenio Otero, explica que hace tres meses un magistrado decretó que "se continuaba con la demolición" pero en la última semana de octubre, y en base a un recurso presentado por los afectados, "otro juez ordenó la paralización".
El edil recalca que son "sentencias firmes del Gobierno anterior" sobre las que el actual Ejecutivo no tiene "margen de maniobra". Explica que la Administración local no tiene opción a recurrir la sentencia, "lo único que podemos hacer es acatar o no acatar la ley". Asegura no tener un conocimiento profundo del desarrollo del proceso judicial ya que no es "parte implicada" pero afirma, de forma reiterada, la "incapacidad" del Gobierno local para mediar en este asunto.
No es la primera vez que se paraliza la demolición de una de estas viviendas. Para el cinco de agosto de 2009 estaba prevista la demolición de otra de las viviendas ilegales pero finalmente un juez decretó la suspensión cautelar de la actuación después de que el propietario del chalé, José González Abella, presentase un recurso contencioso-administrativo en un juzgado de A Coruña distinto al que habitualmente se encarga del caso.
El colectivo eumés Fusquenlla va más allá y asegura que el derribo se aplazó a raíz de que el alcalde, Gabriel Torrente, la Xunta y los afectados se reuniesen con la juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña para acordar dejar sin efecto la resolución judicial "mientras no se aprobasen leyes que permitan legalizar dicha vivienda".
La plataforma asegura que en la resolución se alegaba como razón para la paralización de la demolición de este chalé "la existencia en tramitación de un plan de ordenación pendiente de aprobación que puede permitir legalizar las viviendas afectadas". Fusquenlla demanda "el máximo respeto a la legalidad" y condena los intentos de los grupos políticos de Pontedeume de adaptar la normativa urbanística a las ilegalidades cometidas en vez de adecuar las construcciones a la legalidad urbanística.
La plataforma, que lucha por un urbanismo sostenible, asegura que se utiliza el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) como un "instrumento de defensa judicial al servicio de unos propietarios e imputados que sólo quieren burlar la ley en beneficio propio". Considera que este uso del plan urbanístico, todavía en trámite y pendiente de la resolución de las alegaciones, va en contra del derecho del resto de vecinos a tener un documento que ordene "el caos territorial" de Pontedeume.
