A las 11.54 horas de ayer una excavadora inició la recuperación, a golpe de martillo hidráulico, de las impresionantes vistas sobre la ría de Sada, las bateas de mejillones de Lorbé y las playas de Miño, ocultas durante los últimos cinco años desde el camino de Campo das Mantas en Carnoedo debido a la construcción de una vivienda ilegal. La Xunta primero y después los jueces, tras la denuncia presentada por la Consellería de Pesca y un vecino y los informes de la policía sadense, ordenaron y confirmaron la demolición en sucesivas resoluciones desde el año 2005.

La casa, de bajo y dos plantas, se construyó en suelo no urbanizable y una parte en servidumbre de protección de Costas, a menos de 200 metros del borde del mar, por lo que el uso residencial estaba prohibido; se levantó sin autorización autonómica ni licencia municipal; y además incumplía los retranqueos y la altura máxima establecida en las normas de planeamiento.

Técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta llegaron a Campo das Mantas, en la costa de Carnoedo, sobre las once de la mañana acompañados de agentes de la Policía Autonómica.

Tras levantar acta del estado y características de la vivienda (que fue vaciada de mobiliario e incluso le arrancaron los marcos de puertas y ventanas), se encontraron con un problema: delante de la casa había dos vehículos aparcados, sin batería y con alguna rueda pinchada, que debían retirarse para iniciar las obras de demolición.

Los policías y los palistas encargados de la demolición, en una acción espectacular, lograron retirar los coches a pulso, empujándolos primero cuesta arriba y después hasta el final del camino.

Tras despejar la parcela, comenzó, una hora después de lo previsto, el derribo de la vivienda ilegal, en presencia del vecino que presentó la denuncia en su día, Anastasio Mateos.

Toda la estructura de la edificación quedó hecha escombro en el suelo una hora y media después aunque el trabajo de la excavadora prosiguió unas horas más porque también debía eliminar la soleira de hormigón de 180 metros cuadrados que rodeaba la vivienda.

El Concello de Sada otorgó licencias a una pareja entre 1999 y 2001 para construir una caseta metálica desmontable para "útiles y aperos de labranza" además de un cierre de postes de madera pero en realidad ejecutaron una vivienda en toda regla de bajo y dos plantas.

La Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta ordenó en diciembre de 2005 la demolición, meses después de paralizar las obras y rechazar las alegaciones de los promotores, que a pesar de las advertencias prosiguieron hasta finalizar totalmente la vivienda.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Cuatro de A Coruña llegó a ordenar al Ayuntamiento de Sada en octubre de 2006 que resolviese los expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad que había abierto la Xunta en 2005 y criticó su "pasividad absoluta" además de su "mala fe" por la demora en cumplir lo que se le ordenaba. El cierre fue demolido recientemente por los servicios municipales.

La pareja que promovió esta casa también hizo lo mismo con otra de madera situada a escasos metros, al otro lado del camino de Campo das Mantas, también ilegal por estar en suelo rústico y sin autorización autonómica previa. La obra era también ilegalizable pero se cumplieron cuatro años desde que la Xunta ordenó la reposición de la legalidad por lo que prescribió la infracción y por lo tanto, según una sentencia del juzgado del pasado mes de noviembre, esta casa se salva de la demolición.

No obstante siguen su curso las actuaciones penales en el Juzgado de Betanzos, incoadas por la Fiscalía en relación a estas dos casas, la demolida y la de madera, porque una edificación prohibida en suelo rústico es delito.

La casa de madera fue escriturada como obra nueva en enero de 2005 al amparo de una certificación firmada en 2004 por el edil tránsfuga José Luis Santamaría, en su condición de alcalde accidental, acreditando que la casa tenía una antigüedad de más de siete años.

La de Carnoedo es la primera vivienda ilegal derribada en el municipio de Sada. Otras veinticinco (diez chalés en Pazos y quince en Fiunchedo), tienen también que ser demolidas tras anular los jueces sus licencias, y lo mismo sucede con el hipermercado y otro edificio comercial del puerto.